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Alianzas las Américas*
Chicago, IL
El juicio penal contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, en el Distrito Sur de Nueva York, pone en la mira del público estadounidense la realidad que enfrenta el pueblo hondureño: la corrupción endémica en las altas esferas del gobierno, que tiene profundos impactos socioeconómicos, especialmente entre la población más empobrecida y personas defensoras de derechos humanos, muchas de las cuales se han visto forzadas a huir del país en los pasados 20 años.
Juan Orlando Hernández coordinó una red criminal que infiltró todas las esferas del Estado, utilizando su posición para facilitar el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, en sus ocho años en la presidencia del país, según la acusación en su contra. Esta corrupción y el constante clima de impunidad perpetúa la violencia y la inestabilidad en Honduras, lo que impacta de manera directa en los derechos humanos de la población. Por ello, es crucial reconocer que este caso no se trata simplemente de un exfuncionario acusado de crímenes, sino de un sistema institucional corrupto que necesita ser desmantelado y reformado.
En Honduras, la violencia, la impunidad y la corrupción están estrechamente entrelazadas, lo cual constituye el más grande desafío para la actual presidenta Xiomara Castro. Los sectores de la sociedad civil hondureña y la comunidad internacional observan con atención los pasos hacia la implementación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), con el fin de fortalecer al sistema judicial hondureño y dotarlo de las herramientas necesarias para fortalecer la independencia e imparcialidad de la administración de justicia.
Honduras necesita todo el apoyo necesario para fortalecer su desafiante situación económica, social, y política. Como parte de las medidas que pueden ser decisivas para el país, se encuentra la extensión y una nueva designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para proteger a las personas hondureñas que viven en los Estados Unidos. La ampliación del TPS es vital para brindar protección a miles de personas hondureñas que, de ser deportadas, enfrentarán condiciones extremadamente difíciles, especialmente la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, que se profundizan por la corrupción y la impunidad, como lo evidencia el proceso penal contra el expresidente Hernández.
El TPS ha demostrado mejorar la vida de más de 76 mil personas hondureñas que han vivido con dicha protección en EE.UU. desde 1999. Ampliar la misma protección a quienes carecen de ella es una medida concreta y efectiva de política exterior por parte de los Estados Unidos. Además, enviaría un mensaje claro de solidaridad y apoyo por parte de EE.UU. al pueblo hondureño en su lucha por la justicia y la democracia.
*Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades de América del Norte, Central y del Sur.
