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Ezequiel Linares
@EzequielLinar12
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, en conferencia de prensa enumeró los ataques que están recibiendo tanto a nivel institucional como en la publicidad que se está generando, incluso, denunció que ha recibido amenaza de muerte.
El magistrado Olivo dijo que las amenazas de muerte provienen de un militante del partido de Nuevas Ideas, y que ya realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), y ya se estarían investigando.
Es responsabilidad del gobierno de la República, del partido de Nuevas Ideas y del partido GANA de los ataques de esta campaña, dijo Olivo.
El magistrado agregó que el día jueves 18 se tomó la decisión de bajar el spot de publicidad, considerado como campaña sucia, y porque se están utilizando “nuestros nombres y nuestras imágenes para promover también el voto de un partido político”.
Esta decisión se aprobó con mayoría y se ordenó bajar a los medios de comunicación ese spot, donde se ataca al TSE.
Sobre el contenido del spot se declaró que es falso.
Sobre auditoría
Como organismo colegiado, siempre ha estado de acuerdo con la contratación de una auditoria internacional, para verificar que el sistema informático que se utilizará el 28 de febrero no tenga fallas.
“Siempre hemos estado de acuerdo y prueba de ello es que se consignó en el presupuesto extraordinario de elecciones 2021 un monto de $300,000 dólares, los cuales también fueron reportados por el gobierno”, reiteró el magistrado.
Olivo destacó que la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, pretendía obligar a los magistrados a votar por una empresa que prácticamente está cobrando $19,000 dólares por hacer la auditoria, violando los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración Pública según los artículos 47, 48 y 49.
Esta declaración se da luego que la presidenta puso en su cuenta de Twetter “Quiero informar al pueblo salvadoreño que no obtuve los votos necesarios de los magistrados para la auditoria internacional del sistema”.
Olivo aseguró que la presidenta del TSE no tiene las facultades como servidora pública para recibir ofertas, ya que hay comisiones para esto.
Puso de ejemplo la Ley LACAP que señala los procedimientos para estas licitaciones.
“Por eso no votamos por semejante propuesta, desde el año pasado hay un acuerdo del organismo colegiado para celebrar convenio con el Centro Criptológico Nacional de España…que nos colaboró incluso en las elecciones pasadas del 2019, en donde el que más alegaba fraude resultó electo como presidente y participó el CCN, verificando y certificando nuestros sistemas informáticos, ayudando con nuestro sistema de transmisión y colaborando y esta entidad no cobra, porque es una corporación internacional que no cobra nada”, señaló Olivo.
Y “Por unanimidad se aprobó el acuerdo en donde firmaron un convenio con el Centro Criptologico de España, para colaborar precisamente en esta materia de seguridad informática y auditoría de nuestros sistemas informáticos”.
“De hecho ya están trabajando vía remota con la comisión técnica, nombrada por el TSE”, dijo.
Finalmente, dijo el magistrado Olivo, se aprobó por unanimidad solicitar que se dirigiera por escrito solicitar a la OEA y a la ONU una auditoria, para que formaran una comisión que haga una auditoria de los sistemas informáticos del TSE.
