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Redacción Nacionales
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alertó sobre las recientes reformas a la Ley Contra El Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa, ya que permiten la realización de juicios colectivos, se elimina el plazo máximo de un proceso penal que era de 24 meses, se otorga poderes investigativos a la PNC pese a que esto corresponde a la FGR y se da validez a la confesión de una persona sobre la participación de otras.
Estas modificaciones se dan en el contexto del régimen de excepción impuesto en marzo de 2022 y aplican a las personas detenidas en ese contexto. La medida estatal ha servido para violentar los derechos humanos de centenares de personas que nada tienen que ver con pandillas, según documentan organizaciones de DDHH. “Estas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos”, destacó WOLA.
Para la organización internacional “es alarmante que el régimen de excepción se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin ningún control”. Desde marzo de 2022, organizaciones de la sociedad civil han documentado una serie de abusos graves como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin garantías y aproximadamente 153 muertes bajo custodia del estado.
“La reforma aprobada evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, ya que ha saturado las instituciones del sistema de justicia penal que, debido al volumen de trabajo, no dan respuesta efectiva en la resolución de casos. Esto pone en duda la capacidad del Estado salvadoreño de cumplir con su obligación de debida diligencia que incluye, prevenir, investigar y sancionar la comisión de delitos”, añadió WOLA en su pronunciamiento.
Las reformas autorizan la agrupación de los imputados por estructura delictiva, es decir, juzgar de manera colectiva-masiva y no individual. “Esto podría implicar que no se realice investigación criminal adecuada por parte de la Fiscalía, que se atente contra el debido proceso y el derecho de defensa de 71.976 personas detenidas. Asimismo, al no haber controles debidos, estas medidas pueden alcanzar a personas que no sean parte de las estructuras de las maras o pandillas”.
WOLA reiteró la necesidad de promover políticas de seguridad ciudadana sostenibles que tengan como base el respeto a los derechos humanos y que sean acompañadas de medidas de prevención.
