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Washington/Prensa Latina
Una jueza federal emitió ayer una orden que prohíbe temporalmente la detención de Kilmar Abrego García, el migrante salvadoreño devuelto a Estados Unidos tras ser deportado por un error administrativo a su país natal.
Abrego García, quien fue liberado la víspera de un centro migratorio en el estado de Pensilvania, comenzó en marzo el calvario que lo llevó inicialmente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo acusaciones de una supuesta membresía en una de las pandillas más peligrosas de la nación centroamericana.
Paula Xinis, jueza federal de Maryland, emitió su orden de urgencia para que Abrego no pueda ser detenido otra vez, explicó Simon Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados, a las puertas del centro de inmigración en el que fue citado su cliente. La misma magistrada ordenó la liberación inmediata del centro de Pensilvania al considerar que su detención se produjo «sin autoridad legal», algo que sus representantes legales calificaron de victoria extraordinaria, no solo para él, sino también para el debido proceso.
Abrego García, rostro que se ha convertido en símbolo de las agresivas políticas migratorias de Trump, fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la tarde de este jueves tras una orden de la jueza federal Paula Xinis para que saliera de la custodia de ICE “de inmediato”.
Xinis, en su dictamen de 31 páginas, escribió: “Dado que Abrego García ha estado detenido por el ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, su solicitud de liberación es procedente”.
“Además, la conducta de los demandados durante los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como único propósito la deportación, lo que refuerza la conclusión de que Abrego García no debe permanecer detenido”, añadió la magistrada.
Si bien el fallo allanó el camino para que el ICE lo liberara, Abrego García permanecerá sujeto a las condiciones de libertad provisional impuestas en su caso penal, que incluyen, entre otras medidas, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la supervisión de un tercero y otras medidas para garantizar su comparecencia ante el tribunal.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, expresó su rechazo a la orden de Xinis y sugirió que el Gobierno la apelará. “Esto es activismo judicial descarado por parte de una jueza nombrada por (Barack) Obama”, subrayó.
El juicio de Abrego García está programado para enero de 2026, pero solicitó que se desestimen los cargos antes de ese momento, pues argumenta que es procesado injustamente.
