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Yaneth Estrada
@caricheop
Según una investigación reciente realizada por la Universidad de El Salvador (UES), el 80 % de los jóvenes entre 17 y 28 años no ven beneficiosa una ley de agua promovida por la empresa privada.
La principal exigencia que muestra la investigación es determinar el agua como un derecho humano. “El 90 % de los encuestados considera esa exigencia y agregan que debe ser, por ende, un bien público”, se establece en los resultados.
En julio de 2018, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa retomó el estudio de la ley de aguas, el cual cuenta con 4 propuestas de varios sectores, como la ley integral de agua, presentada por la ANEP, y la ley general del agua, propuesta por la UCA, Iglesia Católica y PDDH.
La diferencia principal es que la ley integral del agua (ANEP) busca una regulación bajo la responsabilidad de privados, técnicos y establece que la junta directiva sea conformada por cinco personas, dos del sector privado (como se mencionó antes). Mientras que la de la UCA, la
Iglesia Católica y la PPDH busca una regulación pública con participación ciudadana.
Administración estatal
En este sentido, José María Tojeira, exrector de la UCA detalló que “el tema fundamental es que tres instituciones (UCA, Iglesia Católica y PDDH) creen que el agua, al ser un bien público, debe ser gestionada por el Estado, que es a quien corresponde gestionar los derechos humanos”.
También, los encuestados proponen “guiar una administración del agua donde el Estado salvadoreño predomine en las decisiones y su distribución, este hecho no significa que dentro de la administración estatal no deba haber mejoras en las labores y cobertura del agua
potable para la población del país“.
La investigación actual compagina con la encuesta realizada por el IUDOP, donde el 85 % de la población encuestada manifestó que la entidad responsable de regular el agua en el país debe ser el Estado.
Tanto es la legitimación de una administración de agua eminentemente pública en El Salvador, que el 80 % de los encuestados consideran entre extremadamente y muy relevante movilizarse ante un panorama de privatización del agua. “La percepción actual refleja a una población salvadoreña dispuesta a generar trabajo territorial y acciones colectivas para evitar un predominio de la empresa privada en el manejo de las aguas de El Salvador“, recalca el estudio.
La encuesta también afirma que cerca del 36 % de los encuestados no sabe sobre el funcionamiento de las Juntas de Agua y un 29 % considera que no funcionan adecuadamente.
