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José Roberto Osorio
Economista
Según el estudio “Exclusión educativa y laboral de la población de 15 a 24 años en Centroamérica”, (ERCA-Estado de la Nación, con auspicio de OIT), en 2015, Centroamérica tenía 45,4 millones de habitantes de los cuales 9,1 millones, cifra equivalente a una quinta parte, eran jóvenes. El 59% de ellos estaba fuera del sistema educativo y dos millones (22,8%), estaban simultáneamente fuera del sistema educativo y del mercado laboral.
Este grupo es importante numéricamente y porque se espera desempeñen funciones sociales, económicas y políticas estratégicas para sus países, aunque muchos ya se han incorporado tempranamente al mundo del trabajo, generalmente en forma precaria y es obvio que se integran de varias y con frecuencia limitadas formas a la dinámica social. Empero, sin formación, o con una de baja calidad, no tendrán las condiciones para contribuir positivamente al proceso de desarrollo de los países y la falta de trabajo decente les impediría disponer de recursos mínimos para crear familias y ser parte de un proceso de crecimiento de ellos mismos y de cada nación. CEPAL ha planteado que “una persona en edad laboral debe contar al menos con 12 años de escolaridad formal para reducir su riesgo de ser pobre”.
En la Región, Honduras tiene el mayor porcentaje de jóvenes de su población (2015), con el 22%, siguiéndole Nicaragua con el 21%. Guatemala y El Salvador exhiben una tasa del 20%, Costa Rica el 18% y Panamá el 17%.
La cobertura educativa en la Región se habría incrementado. En 2013 la educación primaria acogía entre el 80% y 95% de los niños y niñas en edad de acudir a la escuela, tasa que disminuye a menos de la mitad en preescolar y secundaria en la mayor parte de los países. Un fuerte desafío de la institucionalidad y los propios civiles es lograr una inclusión temprana de los estudiantes y retenerlos en el sistema para que continúen en la secundaria.
En cuanto a inversión pública en educación por persona, en 2013, Costa Rica casi sextuplicaba, por ejemplo, la de El Salvador y Honduras; decuplicaba la de Nicaragua, siendo casi el doble de la que se registró en Panamá.
También en 2013, la PEA de la Región fue de 20 millones de personas y la tasa de desempleo del 5,5%. El problema mayor no es el desempleo, sino la “precariedad de las condiciones de trabajo, y en ambas situaciones la población joven es la más afectada”. Los jóvenes tienen fuertes limitantes para incorporarse al mundo del trabajo y la tasa de desempleo en este grupo social duplica o triplica los promedios de cada país.
La clasificación elaborada en el estudio mencionado, va desde la exclusión total que es la de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan (en este contexto se denominarán NENT, debido a las tergiversaciones del muy difundido vocablo “ninis”, grupo que en ocasiones se ha llegado a interpretar como una amenaza a la convivencia democrática, en tanto “no creen en nada y se oponen a todo”), hasta la inclusión en que se encontrarían los jóvenes que se dedican solamente a estudiar.
Combinaciones intermedias son “solo trabaja” y “estudia y trabaja”.
Suponiendo que los jóvenes que solo estudian (inclusión), asisten a un grado acorde a su edad y reciben una educación de buena calidad, tendrían mayores y mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral.
En general, los jóvenes trabajan en empleos peligrosos, mal remunerados y precarios.
Este panorama, complicado y difícil, impone tareas urgentes y prioritarias a los gobiernos, en particular a los tomadores de decisiones, gestores y gerentes públicos.
