Ivania Cruz cuestiona a la FGR por falta de investigación sobre muertes en penales

Saúl Méndez

Colaborador

Ivania Cruz, abogada y defensora de los derechos humanos, en el exilio, manifestó que, ante la muerte de cientos de personas privadas de libertad en distintos centros penales de El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar los casos e identificar a los custodios involucrados en presuntos hechos de tortura.

La fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) afirmó que la situación es grave y que, incluso, se han impulsado iniciativas junto al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

«Nosotros presentamos un escrito a Medicina Legal para conocer el dato exacto de las personas que fallecían en centros penales y que revelaran los nombres y en qué centro penal murió cada una, porque eso tenía que ser un dato público y tendría que existir transparencia ante esa situación y los motivos de la causa de la muerte, aunque nosotros sabemos que se han puesto como causa cualquier otro motivo que no puede ser detectable, como el que se ponía por COVID: edema pulmonar, y no por una tortura, una falta de asistencia médica, etc.», informó Cruz.

La cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como medida de seguridad contra las pandillas, se elevó al menos a 547, según informó Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La organización señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad».

Según ha señalado la ONG en otras ocasiones, las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de las más de 92,480 personas detenidas bajo este régimen, muchas de las cuales no tienen condena, mientras que no se reportan fallecimientos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

De acuerdo con un informe del Socorro Jurídico Humanitario divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de personas privadas de libertad en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.

La abogada Ivania Cruz, quien ha recibido asilo en España, por la persecución política, detalló que cuando se presentó inicialmente el escrito, Medicina Legal respondióó que era la Fiscalía General de la República la institución que debía autorizar el acceso a dicha información. Entonces, «Se presentó escrito a la Fiscalía y hasta la fecha un escrito que no da respuesta», explicó.

«La Fiscalía, que es el ente que debe buscar el tema de la verdad judicial, o incluso la verdad administrativa, debería tener entre sus compromisos decir: bueno, y si existen muertes dentro de centros penales y estas muertes no son naturales, ¿qué es lo que está pasando?», cuestionó.

Cruz afirmó que, si existiera independencia de poderes en El Salvador, la Fiscalía debería investigar a los custodios involucrados en las muertes.

«Si de verdad existiera una Fiscalía que debería estar haciendo su trabajo, la misma Fiscalía estaría investigando cuáles son los custodios involucrados en las muertes de tantas personas, que también son ahora los nuevos pandilleros», manifestó.

«Si las pandillas antes mataban a plena luz del día, en las calles, a la gente y derramaban sangre, ahora lo hacen los custodios. Que solo porque estén uniformados no significa que exista alguna diferencia. Son asesinatos; tanto lo hacían las pandillas como lo hace ahora el Estado salvadoreño por medio de centros penales, por medio de estas supuestas autoridades», concluyó.

El régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuidos a la “Mara Salvatrucha (MS), y que suspende garantías constitucionales a la población, ha dejado al menos 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos.