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@arpassv
Cuánto daño le hace ARENA al país. El partido oligárquico finalmente no ratificó la reforma constitucional que reconoce como derechos humanos el acceso al agua potable y la alimentación adecuada.
La referida reforma debía ser ratificada con mayoría calificada por la legislatura que termina este día, nurse pero ARENA y PCN se opusieron con argumentos risibles y cínicos. Un diputado arenero –incluso– tuvo el descaro de decir que si la reforma era ratificada la Sala Constitucional la revertiría.
Para que el tema no se cayera del todo, shop el FMLN logró los votos para aprobar una nueva reforma que mantiene el sentido de la propuesta original. La reforma promovida por el partido de izquierda, recipe sin embargo, tendrá que ser ratificada por la legislatura entrante.
Con su criticable práctica parlamentaria, ARENA se opone a todo lo que necesita el país: reforma constitucional y leyes que garanticen el agua y alimentación para la población. Se opone a la aprobación de leyes y reformas para la justicia tributaria, protección del medioambiente, gestión de riesgos.
ARENA también se opone al financiamiento de las políticas de seguridad y proyectos de prevención de la violencia. Los diputados areneros también rechazan propuestas de ley relacionados con la democracia deliberativa: proyectos de ley de radiodifusión comunitaria y de medios públicos.
A pesar de esto ARENA se impuso en las pasadas elecciones legislativas, gracias al poder económico de las élites empresariales que la patrocinan y el favor de los grandes medios de comunicación, sobre todo Telecorporación Salvadoreña (TCS), El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica.
Ocultando los logros del gobierno y sobredimensionando problemas como la violencia, estos medios están a tono con el discurso arenero del caos y el desastre. Esto plantea la urgencia de democratizar las comunicaciones con la implementación de un nuevo modelo de medios.
Pero para esto es necesario cambiar la Ley de Telecomunicaciones por una nueva normativa basada en los principios constitucionales, los estándares internacionales de libertad de expresión y las nuevas realidades tecnológicas del ámbito info-comunicacional.
Este proceso de reforma se abriría si la Sala Constitucional resuelve dos demandas que impugnan la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias, el carácter de bien privado y la renovación automática de las concesiones, la falta de límites anti monopólicos que contrarresten la concentración mediática y el no reconocimiento de los medios públicos y comunitarios.
