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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) instó al Estado salvadoreño “a corregir sus actuaciones, y trabajar por una cultura de respeto a los Derechos Humanos”. El llamado anterior lo hacen luego de evaluar la situación de personas y organizaciones defensoras de derechos en el presente año.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), un espacio conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el reconocimiento y protección de las personas que defienden los derechos humanos en El Salvador, consideraron que este año ha sido difícil para estas personas defensoras.
“La MDDD ha venido monitoreando de cerca el contexto de país en los últimos años, advirtiendo con preocupación el deterioro democrático y el impacto en el derecho a defender derechos humanos, tal como lo han demostrado los informes publicados por la Mesa en 2021 y 2022”, señala la MDDD.
“El año 2023 no ha sido la excepción, y por el contrario se ha evidenciado la consolidación de los retrocesos que hemos venido señalando en El Salvador en materia de garantías para el ejercicio de la Defensa de los Derechos Humanos. La MDDD ha registrado casos de persecución, estigmatización y en algunos casos criminalización, debido a la labor de defensa de derechos que realiza”, argumentó.
Como el caso de los 5 ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y ADES, en el departamento de Cabañas, capturados el 11 de enero, en un operativo policial ordenado por la Fiscalía General de la República (FGR), y que generó una campaña de “descrédito contra los liderazgos y otras acciones de acoso hacia la comunidad”, los que aún guardan detención domiciliar, un ejemplo del riesgo al que están expuestos las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Son personas defensoras que ejercen o están vinculadas al liderazgo en los territorios y en ámbitos de defensa específicos como la de derechos humanos en asuntos ambientales, culturales y de memoria histórica”, reiteró la MDDD.
La mesa también critica el funcionamiento del Sistema Judicial, que luego de ser instaurado el “régimen de excepción”, que entró en vigencia el 27 de marzo del 2022, y que ahora es permanente, ha generado una “política de criminalización a defender derechos en El Salvador”, y violenta los estándares nacionales e internacionales del debido proceso. La MDDD rechazó también lo que consideró “el intento de criminalizar la profesión periodística, al mencionar el caso del empresario Yakov Fauster, quien interpuso una demanda millonaria en contra de El Diario de Hoy y su periodista Jorge Beltrán Luna, que según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se trató de un caso ya juzgado y por el cual el periódico cumplió lo sentenciado. Pero, en instancia Civil y Mercantil el empresario ha demandado por 5 millones de dólares al periodista y cinco al medio.
“El agravante es que ese empresario es además familiar del director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y por el actuar de los funcionarios de la presente administración y sus allegados que han demostrado reiteradamente que creen estar por encima de la ley, pretenden con este demanda limitar el ejercicio periodístico que hemos defendido y seguiremos defendiendo, y exigimos al Estado salvadoreño se garantice y se respete”, reiteró.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos, mencionó otros casos en que se han visto involucrados medios de prensa, periodistas o sus familiares, como el caso de la periodista Carolina Amaya, cuyo padre fue detenido y desaparecido en el marco del régimen de excepción que coincidió luego de la publicación de su investigación periodística sobre las afectaciones en los entornos del Lago de Coatepeque.
La investigación señaló que los dueños de dicho proyecto son familiares de algunos funcionarios de Casa Presidencial, por lo que la Mesa DDD, considera que la defensa de derechos humanos se ve directamente afectada desde el “modelo económico”, impulsado como centro de la actividad económica de la actual administración y que empeora por las “condiciones de anulación de la independencia” de los restantes poderes del Estado.
“Se ha conocido que el régimen de excepción ha impactado en las acciones de denuncia por parte de comunidades organizadas, que podrían surgir como el caso de los lancheros de la isla el Espíritu Santo (Usulután), capturados por el régimen, pero que es de interés para la construcción de un hotel, y otras comunidades que defienden sus territorios”, dijo.
Por otro lado, denunció que la organización indígena ha sufrido el impacto del régimen, como el caso de Silverio Morales y su hijo Levi Morales y familiares, quien aún es retenido en un centro penitenciario, pese a que Levi obtuvo su “carta de libertad” el pasado 20 de noviembre, pero fue recapturado.
La Red Salvadoreña de Defensoras ha señalado en su último informe trianual (2020-2021) la ocurrencia de un aumento en el número de agresiones contra las mujeres, visibilizando un patrón de discriminación por razones de género en más del 60% de sus casos documentados, indicó.
El informe señala que alrededor de 1 mil 176 agresiones ocurrieron en este período y que afectan en su mayoría a periodistas, lideresas comunitarias y sindicalistas del país”, agregó.
Frente a este panorama, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) expresó su preocupación por el contexto actual que genera un riesgo de criminalización por parte del Estado salvadoreño, que amenaza de forma inminente el funcionamiento de las organizaciones, fundaciones, en detrimento del “espacio cívico”, y atenta contra una sociedad democrática. “Exigimos al Estado abandonar los intereses de sectores económicos y privilegiar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por los proyectos económicos impulsados desde los sectores privados”, agrega la Mesa.
Pide, ademá, que “Deje de instrumentalizar las instancias de Estado y de manipular la opinión pública y no ejerza un uso arbitrario de la seguridad, especialmente para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos.
La MDDD sugirió al Estado salvadoreño que actúe conforme a las obligaciones en materia internacional de derechos humanos, y cesar las acciones reiteradas de “criminalizar a las personas defensoras” en el país; además, someterse a la “contraloría ciudadana”.
