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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, anunció el reinicio de la Tercera Fase de exhumaciones referidos a la Masacre del Río Sumpul, por orden judicial del Juzgado de Primera Instancia de Chalatanango.
“Se está trabajando nuevamente en el Plan de Las Aradas, del caserío Las Aradas, cantón Yurique, del municipio de Ojos de Agua, Chalatenango, para una tercera etapa de exhumaciones en el caso de la Masacre del río Sumpul que se cometió en mayo de 1980 por el ejército de El Salvador y el de Honduras, paramilitares de ORDEN y de la extinta Guardia Nacional”, señaló Díaz.
El municipio de Ojos de Agua, en Chalatenango, se encuentra limitado al Norte por la república de Honduras, en donde el río Sumpul, marca una frontera natural entre ambos países y que se convirtió en un escenario de terror ese 14 de mayo de 1980, cuando la población civil trató de escapar de la represión del Estado salvadoreño, y quedó en medio de ambos ejércitos, en donde muchos perdieron la vida ahogados en sus aguas y sus riberas.
El informe de la Comisión de la Verdad relata en su resumen de los hechos, que previa a esta masacre del río Sumpul el 14 de mayo, hubo una reunión de “jefes militares” el 5 de mayo, con el fin de “encontrar mecanismos que impidieran a los guerrilleros salvadoreños entrar en territorio hondureño”. La Comisión retomó información de notas de prensa de Honduras, que posteriormente fue rechazada por altas autoridades de ambos países.
“En esta nueva etapa de exhumación se va a trabajar en un nuevo pozo, que sería el Sitio 3, donde se va a inspeccionar primero, para ver si hay restos de personas que se sabe -según testigos de la zona- que se recogieron muchos huesos después de ocurrida la masacre”, informó.
“Lo hicieron tiempo después porque era imposible entrar a este lugar por la situación, y atestiguaron que se los llevaron en costales a estos pozos y se depositaron esos restos. Hay testigos aún de esa situación y anda uno de ellos acá y va a señalar el lugar en donde se encuentran”, añadió Díaz.
Igualmente, el abogado de Tutela Legal MJH agregó que lamentablemente este crimen masivo se cometió en los márgenes del río Sumpul, mientras intentaban cruzar el río hacia el lado Hondureño para salvar sus vidas. Y estas más de 600 víctimas quedaron en el fuego cruzado de ambos ejército y que era población civil, que huía del operativo que inició el 13 de mayo en la zona.
“Entonces, esperamos en esta ocasión encontrar más restos óseos, porque en el pozo número 1 se encontraron y recuperaron restos dispersos -no muchos- lamentablemente, pero se recuperaron algunos”, afirmó.
“Y en el pozo 2, en Concepción Quezaltepeque (al Sur de La Montañona), de donde venía mucha gente huyendo de los operativos se lograron recuperar los restos de 7 personas, y también logramos hacer una comparación de ADN (prueba genética) y se pudo contactar con los familiares”, explicó Díaz. Para el abogado de Tutela Legal MJL, que lleva también el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños (diciembre de 1981), la Masacre del Río Sumpul cuenta con suficientes pruebas del delito para judicializar este caso.
“Se están recogiendo los restos de víctimas, aparte de esto se cuenta con otras pruebas testimoniales y documentales, ya que también en el año pasado y este 2023 se han tomado declaraciones a varios testigos en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatanango, en donde se corroboró la gravedad y atrocidad de esa masacre”, reiteró.
“El proceso de exhumación ha sido difícil, así como su proceso judicial, que se presentó en el Juzgado de Primera Instancia desde el año 1992, y desde ese año se conoce que fueron más de 600 personas las asesinadas y se realizó en 1993 algunas exhumaciones en la zona, pero sin ningún tipo de organización ni de voluntad de parte del gobierno de querer encontrar la verdad”, señaló Díaz.
Del proceso judicial, agregó Díaz, el juzgado archivó el caso y su último registro de actividad fue una diligencia en donde una “comisión rogatoria” (solicitud de auxilio judicial a autoridades extranjeras) de la Corte Suprema de Justicia, que supuestamente pidió a Honduras, para buscar lugares de enterramiento de las víctimas del Sumpul.
“Esas diligencias fueron las últimas, pero eso ya lo hemos hablado con personas que están en el Tribunal y en el caso que fueron extraviadas u obstaculizadas. Y fue después de algunos años que Tutela vuelve a tomar el caso e intenta de nuevo, presentando nuevos documentos y pidiendo que se realicen estas inspecciones, se tomen otros testimonios y que en realidad se utilice la logísticas necesarias para este tipo de exhumaciones que son muy difíciles” apuntó el abogado.
“Existen altas posibilidades que muchas evidencias hayan sido borradas o anuladas por estos ejércitos para que no quedaran para la posteridad dichas pruebas, pero se ha podido buscar, localizar y obtener evidencias, y restos de víctimas, cuya masacre -para sus familiares- a 43 años de estos hechos, ha sido difícil por ser una justicia tardía y de impunidad, que en algunas ocasiones se ha usado el maltrato y discriminación, y sólo esperamos del tribunal que no defrauden nuevamente a las víctimas”, puntualizó Díaz.
