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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La persecusión y la amenaza ha sido una constante en el papel que juegan las personas que defienden o promocionan los derechos humanos en el país, explicó Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, que ha llegado incluso al asesinato y por tanto se hace necesario contar con un marco jurídico que los ampare y reconozca su trabajo en la sociedad salvadoreña.
“Las organizaciones sociales nos hemos limitado a registrar estos casos y algunas instituciones del Estado muy poco han hecho para investigar a los hechores materiales o intelectuales. Y la inexistencia de un marco jurídico en el país facilita esta situación por la debilidad institucional”, explicó.
Con la resolución en esta materia, la ONU, en su sesión general del 9 de diciembre de 1998, aprobó la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas”, que ahora retoma la sociedad civil organizada.
Sobre este proceso, Saúl Baños agregó que están tomando las experiencias recientes de Colombia, México, Honduras y Guatemala, porque estos países particularmente ya cuentan con un trabajo institucional sobre esta materia de protección de las personas defensoras de derechos humanos.
“Sabemos que las políticas públicas son herramientas del Estado, ante las demandas de la población y en ese sentido debería ser iniciativa del Estado, no obstante, ante esa ausencia vemos la necesidad de impulsar esa iniciativa desde la sociedad civil de derechos humanos a implementar una política pública para proteger a estos defensores y defensoras”, acotó.
Al evento asistieron distintos representantes de diversas organizaciones y sectores sociales que defienden derechos humanos y que a través de sus aportes se consolide un documento base, como anteproyecto de marco normativo, que será posteriormente presentado ante el gabinete del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén.
“Aplaudo la propuesta y cuenten conmigo”, dijo María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los Derechos Humanos, en su intervención que la construcción de una política pública es el total reconocimiento del Estado, a este sector poblacional que lucha por la defensa de los derechos humanos.
“Es la lógica de ¿quiénes protegen a quienes protegen? Es muy importante en un Estado democrático que las personas que trabajan por los derechos humanos desde las organizaciones de la sociedad civil, y no solo organizaciones como FESPAD o la UCA, sino la persona que está en su comunidad, en su lucha cotidiana por el agua, por la vivienda digna o por libertades”, expresó.
En cuanto a las responsabilidades del Estado, la comisionada de Derechos Humanos consideró que estas personas tienen todo el derecho a ser protegidas en su trabajo como toda la población, pero con una ley el Estado toma conciencia del valor social que tienen estas personas que se dedican a defender derechos.
“Las defensoras y defensores de derechos humanos no son enemigos del Estado, al contrario, hacen un trabajo complementario que fortalece el Estado de derecho y los procesos de democratización. De acuerdo a mi valoración que viene de la época del conflicto, los derechos civiles de los defensores de derechos humanos era estar entre la vida y la muerte y el terrorismo de Estado, pues eso no existe más”, declaró.
