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Oscar López
@Oscar_DCL
El informe de Coyuntura Legal e Institucional presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) recopila algunos reportes internacionales relativos a la situación del Estado de derecho y democracia en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).
FUSADES indicó que los reportes sobre El Salvador coinciden en la existencia de violaciones mayores a ambos principios y advierten riesgos de retrocesos más allá de la pandemia. El documento presentado por el Instituto V-Dem del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), señala que el país figura entre los países con violaciones mayores a los estándares democráticos durante la pandemia y con riesgos altos de que tales circunstancias hagan retroceder la democracia en general
El informe contiene dos mediciones: a) el Índice de Violaciones Pandémicas de Estándares Democráticos (PanDem), que refleja hasta qué punto las respuestas estatales al COVID-19 violan los estándares democráticos; y b) el Índice de Retroceso Pandémico (PanBack), que captura el grado en que las acciones contra la pandemia representan un riesgo para la calidad general de la democracia.
El Salvador obtuvo una calificación de 0.55 de 1 en el PanDem, lo que lo ubicó en la posición siete de 144 países (la posición 1 representa el país con las violaciones más graves). En el PanBack obtuvo 0.48 de 1, ubicándose en la posición dos de 144 (la posición 1 representa el país con mayores riesgos de retroceso de la democracia en general).
Otro documento denominado “Democracia bajo confinamiento”, elaborado por Freedom House, encontró que la pandemia de COVID-19 alimentó la crisis de la democracia alrededor del mundo. El informe señala que desde que comenzó el brote de coronavirus, la condición de la democracia y los derechos humanos empeoró en 80 países, 111 permanecen más o menos lo mismo y solo uno mejoró. El Salvador se encuentra entre los 80 que retrocedieron.
Las causas del empeoramiento se presentan de modo general y no por país, pero señala que los gobiernos respondieron con abusos de poder, silenciando a sus críticos y debilitando o cerrando instituciones importantes, a menudo socavando los propios sistemas de rendición de cuentas necesarios para proteger la salud pública.
De igual forma, el Informe Mundial 2021, elaborado por Human Rights Watch, es una revisión anual de las prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo y analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en más de 100 países.
En lo concerniente a El Salvador, el informe señala que “desde que asumió la presidencia, Nayib Bukele se ha empeñado en desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial”.
Se reporta, también, que durante el confinamiento por el COVID-19, “Bukele ordenó a las fuerzas de seguridad que detuvieran a quienes incumplieran con las medidas de confinamiento, y los enviaran a centros de contención, que rápidamente exhibieron condiciones de hacinamiento e insalubridad. En dichos centros, no se implementaron medidas sanitarias básicas, tales como aislar a quienes daban positivo en un test de coronavirus del resto de los detenidos. Más de 16 mil personas fueron enviadas a estos centros y algunas de ellas permanecieron detenidas hasta por 40 días”.
