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Redacción Nacionales
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El antropólogo y analista político Marvin Aguilar analizó los alcances y consecuencias del informe titulado: “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, elabora por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) que fue dado a conocer en la presente semana.
El tema fue abordado en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se reunió en Ciudad de Guatemala. En ese foro participaron representantes del Estado salvadoreño, organizaciones civiles y especialistas que expusieron diferentes puntos de vista sobre la situación del país, especialmente en relación con el régimen de excepción y sus efectos en el respeto al debido proceso y la libertad de expresión.
Paralelamente, en Ginebra, Suiza, también era presentado el informe, por medio de los representantes del GIPES, que contiene casos de violaciones a derechos humanos ocurridas durante la aplicación de las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Los señalamientos presentados en ambos escenarios han sido considerados por analistas como un indicio de que el llamado “modelo de seguridad” salvadoreño, que en sus inicios fue ampliamente destacado por su reducción de homicidios, comienza a ser evaluado con mayor detenimiento por la comunidad internacional.
Tras conocerse estos informes, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reaccionó a través de redes sociales cuestionando los análisis realizados por expertos y organizaciones internacionales. En una serie de publicaciones, Ulloa planteó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y afirmó que durante el período comprendido entre 2009 y 2019 se registraron más de 41 mil homicidios en el país, insinuando que esas muertes podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
El vicepresidente también cuestionó por qué, según su interpretación, algunos juristas, expertos y organizaciones no denunciaron con la misma intensidad la violencia registrada durante esos años. Además, insinuó que algunas organizaciones no gubernamentales estarían vinculadas a financiamiento internacional, mencionando al empresario y filántropo George Soros, como parte de esa narrativa.
Para el antropólogo y analista político Marvin Aguilar, los comentarios del vicepresidente forman parte de una estrategia para trasladar el debate hacia el pasado en lugar de responder directamente a los cuestionamientos actuales planteados por los organismos internacionales.
Aguilar explicó, en Encuentro con Julio Villagrán, que los informes presentados en Guatemala y Ginebra corresponden a dos sistemas internacionales distintos que supervisan el cumplimiento de los derechos humanos. El primero es el sistema interamericano, representado por la CIDH dentro de la OEA, mientras que el segundo forma parte del sistema universal de Naciones Unidas.
Según el analista, el hecho de que ambos espacios estén abordando la situación salvadoreña refleja un nivel de preocupación que debería ser atendido con respuestas institucionales y argumentos técnicos. “Lo que se discute en estos foros es si durante el régimen de excepción se han producido violaciones a derechos humanos y cómo responder a esas acusaciones”, señaló.
El informe presentado en Ginebra fue elaborado por un grupo internacional de expertos en derecho internacional y derechos humanos. De acuerdo con Aguilar, entre los integrantes hay académicos, especialistas en derecho penal internacional y profesionales con experiencia en organismos multilaterales, incluidos procesos vinculados a la Corte Penal Internacional.
Entre los puntos señalados en el informe se encuentran denuncias sobre detenciones arbitrarias, presuntos abusos dentro del sistema penitenciario, muertes bajo custodia estatal y posibles casos de negligencia médica hacia personas detenidas durante el régimen de excepción. Según Socorro Jurídico Intenacional, al menos 500 personas han fallecido en las cárceles, bajo la responsabilidad del gobierno.
Aguilar recordó que existen derechos considerados inderogables que no pueden ser suspendidos, incluso, en contextos excepcionales, como la prohibición de la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. Estos principios forman parte de tratados internacionales suscritos por El Salvador, incluido el Estatuto de Roma.
Según Aguilar, el proceso internacional aún se encuentra en una etapa inicial. En muchos casos, explicó, la primera fase consiste en la elaboración de informes técnicos por parte de expertos independientes. Posteriormente, los organismos internacionales pueden avanzar hacia la conformación de comisiones que formulen recomendaciones, realicen visitas al país o promuevan investigaciones más profundas.
El analista señaló que procesos similares se han desarrollado anteriormente en otros países donde se han denunciado violaciones graves a derechos humanos, como Filipinas bajo el gobierno de Rodrigo Duterte, Nicaragua con el presidente Daniel Ortega o Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Aguilar, producto de este informe podría tener implicaciones futuras es la posibilidad de que tribunales internacionales o incluso tribunales de terceros países investiguen casos de crímenes de lesa humanidad.
En la historia reciente de El Salvador ya existen precedentes de procesos judiciales en el extranjero relacionados con violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, lo que demuestra que este tipo de mecanismos internacionales pueden activarse en determinadas circunstancias tales son los casos de Monseñor Romero y los Jesuitas, ejemplificó.
Finalmente, Aguilar le recomendó al gobierno retomar las recomendaciones de GIPES, en cuanto a crear una comisión de especialistas para investigar los casos denunciados en el informe.
