Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por David Alfaro
17/11/2025
En un país marcado por años de violencia y el olvido de los más débiles, El Salvador, como muchos otros países tercermundistas, se enfrenta a dilemas sociales y políticos que rompen el tejido de la sociedad. Uno de los episodios más desgarradores es la historia de la «Pensión Básica Universal», un programa gubernamental destinado a brindar $50 dólares mensuales a los 37 mil ancianos de los municipios más pobres de la nación. La indignación se ha apoderado de los corazones de muchos salvadoreños, ya que la dictadura de Bukele no ha pagado esta ayuda durante decenas de meses, acumulando una deuda multimillonaria.
La pregunta en la mente de todos es: ¿cómo puede ser que un programa cuyos fondos destinados a asistir a los más vulnerables, fondos comprendidos en el presupuesto general de la nación, haya sido ignorado y abandonado por tanto tiempo? La respuesta es tan sencilla como cruel: la dictadura de Bukele ha priorizado el pago de intereses de la deuda externa del país por encima de las necesidades de sus propios ciudadanos.
Esta situación es profundamente alarmante, y no se puede abordar sin un toque de indignación. Es una acción que, sin lugar a dudas, puede ser calificada como CRIMINAL. La negación prolongada de la Pensión Básica Universal a los ancianos de El Salvador, representa un ataque directo a la humanidad y la compasión que deben ser pilares fundamentales de cualquier sociedad.
Si bien podemos entender la presión económica y las complejas decisiones que los gobiernos enfrentan al manejar recursos limitados. Sin embargo, esta dictadura ha caído también en el despilfarro dentro del delirio megalómano de Bukele. Los ejemplos sobran: más de cien millones gastados para el Miss Universe. Quinientos millones para Google. Cientos y cientos de millones para armarse, comprar Bitcoins, pagar propaganda, etc.
Cuando se descuida el bienestar de los más vulnerables y se ignora su derecho a una vida digna, se cruzan límites éticos inaceptables. Este acto de negligencia debilita la cohesión social, alimentando una brecha peligrosa entre las élites políticas y la población en general.
Los ancianos de los municipios más pobres de El Salvador no merecen ser víctimas de decisiones políticas que los abandonan y los sumen en la pobreza y la desesperación. Este episodio debe ser una llamada de atención para recordarnos que el verdadero progreso de una sociedad se mide por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables.
Es hora de que la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional se unan para presionar por un cambio en esta política inhumana. La Pensión Básica Universal debe ser restaurada, y Bukele y sus diputados deben recordar que su deber primordial es servir y proteger a todos sus ciudadanos, sin excepción. La historia de El Salvador merece un capítulo en el que el bienestar y la dignidad de sus ancianos sean una prioridad, y no una triste estadística en un informe de deuda externa.
