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IMPACTO DE LA OPOSICIÓN DE UN ARZOBISPO, A LA POLÍTICA DE  EDUCACIÓN SEXUAL

Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568

Hace casi veinte años, un obispo católico paralizó la propuesta de Educación en sexualidad promovida por el Gobierno de Francisco Flores, para disminuir el alarmante embarazo de niñas y adolescentes.

En 1999 hubo 26,240 embarazos de niñas y adolescentes, 34 % del total de embarazos en el país. El Presidente Flores, para hacer frente a este  problema, encargo al ministro de Salud y a la ministra de Educación, una estrategia para prevenir y disminuir este alto porcentaje de embarazos precoces. Después de  múltiples asesorías y consultas se elaboró el Manual de Sexualidad de Adolescentes para Adolescentes, con perspectiva científica y de derechos y un lenguaje accesible a los adolescentes. Los Manuales ya estaban impresos y dispuestos para ser distribuidos en los centros educativos, pero una intervención externa al Estado lo impidió.

El arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle, junto a la Presidenta de la Fundación Si a la Vida, Regina de Cardenal y la Primera Dama Lourdes Rodríguez, se opusieron al manual iniciando una campaña a través de los sermones de Sáenz Lacalle y  los medios de comunicación, descalificando el manual. El ministro de Salud, consciente de la gravedad de la problemática, defendió la importancia y pertinencia de  sus contenidos para los adolescentes. Pero, ante la presión de la jerarquía católica, la campaña de medios de comunicación y el miedo a que influyera en las cercanas elecciones legislativas, el Presidente Flores cedió a la intromisión de la jerarquía eclesiástica y renuncio a una política pública de su Gobierno.

¿Cuántos embarazos de niñas y adolescentes se habrían evitado si el Presidente Flores, hubiera garantizado la autonomía del Estado frente a la iglesia? No se puede asegurar, pero si sabemos, que el embarazo de niñas y adolescentes sigue representando el 28 % del total del país (2017). Las políticas públicas son responsabilidad de los Gobiernos electos, las jerarquías religiosas pueden opinar en nombre de sus fieles, no de toda la ciudadanía, sin pretender imponer sus principios y creencias.

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