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Alessia Genoves
Colaboradora
Han transcurrido más de 770 días desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) en favor de la identidad de género auto-percibida, pero las personas trans aún no pueden optar al cambio de nombre.
La CSJ consideró que la ley vigente establece un “trato discriminatorio no justificado” y “lesivo a la dignidad humana”.
Violencia contra la comunidad trans
La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) sostiene que la ausencia de normativas perpetúa la exposición de las personas trans a hechos de violencia, con casos que acumularían hasta 500 homicidios contra personas trans.
Aunque los homicidios se han reducido, organizaciones como COMCAVIS identifican hasta 35 homicidios contra la comunidad LGBT+ en los últimos 5 años. AMATE El Salvador identifica hasta 95 personas con sexualidades diversas llevadas a prisión durante el Régimen de Excepción, 24 de ellas trans.
Incumplimiento de la Sala Constitucional
La Sala estableció que la LNPN vigente genera un “trato discriminatorio injustificado” y sigue siendo “lesivo a la dignidad humana”. Organizaciones como LGBT+ reclamaron a la Sala la ausencia de una respuesta sancionatoria contra la Asamblea por abstenerse de reformar la Ley o crear una Ley de Identidad de Género propuesta por el colectivo social.
Críticas al gobierno por inacción
Amalia Leiva, de Cristosal, manifestó: “Ninguna mayoría legislativa elegida bajo elección popular puede pasar por encima de la Constitución”, refiriéndose al partido oficial, Nuevas Ideas, que tramitó el archivo de las propuestas de ley.
Karla Avelar, denunciante en el expediente “33-2016-195-2016”, informó que su situación jurídica está en controversia y que el Estado ha omitido dar cumplimiento a denuncias judiciales interpuestas desde 2017.
“Se ha sumado mi caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el pasado 31 de enero”, dijo. Mónica Amarantha Linares, de Aspidh, también lamentó que su situación se viera controvertida en juzgados de familia.
Vacío legal cuestionado
La Sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional advierte que no se cuenta con una disposición que determine los parámetros para realizar el cambio de nombre y género, lo que “crearía una incertidumbre jurídica con relación a la identidad de la persona”.
Sin embargo, Karla Guevara, una de las afectadas, respondió que las sentencias en juzgados de familia se basan en normativa internacional, acudiendo a tratados como la Opinión Consultiva 24-7 y la Convención Americana de Derechos Humanos ante la falta de leyes nacionales.
