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Redacción Nacionales
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La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), instó a los gobiernos extranjeros a que intensifiquen sus condenas a los abusos en El Salvador y presionar a la administración de Nayib Bukele para que retire las acusaciones infundadas contra los defensores de DDHH, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez detenidos en mayo luego de protestar pacíficamente.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, pidió que “los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales deben intensificar sus condenas a los abusos en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que retire los cargos infundados contra defensores de derechos humanos”.
Human Rights Watch señaló que la fiscalía acusó a Pérez y Henríquez de “resistencia agresiva”, y de “desórdenes públicos”. Sin embargo, no existen pruebas de ese cometimiento.
Es de recordar que el 12 de mayo, decenas de miembros de la comunidad El Bosque se reunieron cerca de la residencia presidencial para protestar contra una orden de desalojo que amenazaba con desplazar a unas 300 familias de sus hogares en el cercano distrito de Santa Tecla.
“Los videos evidencian que Pérez no incurrió en conductas violentas, intimidatorias o amenazantes al momento de su detención, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales”, comentó HWR.
“En un video se observa a Pérez y Henríquez hablando tranquilamente con agentes de policía, cuando uno de ellos toma a Henríquez por la mochila y lo aparta, mientras la unidad antidisturbios se aproxima a los manifestantes. Luego, los agentes detienen a Pérez y lo conducen hasta una patrulla policial. Aunque las imágenes muestran que Henríquez, Pérez y otros manifestantes actuaban de forma pacífica, los fiscales sostuvieron que la detención de Pérez era necesaria para evitar el “inevitable” “inicio de acciones agresivas” por parte de los manifestantes, según consta en los documentos judiciales”, señaló HRW.
Los fiscales alegaron que Henríquez desobedeció comandos policiales. Sin embargo, los documentos judiciales no aportan pruebas de que Henríquez hubiera incurrido en amenazas, intimidación o actos de violencia, que son requisitos necesarios para configurar el delito de “resistencia agresiva” según la legislación salvadoreña.
Los fiscales también acusaron a Pérez y Henríquez de “desórdenes públicos”, alegando que “se obstaculizó el acceso a la vía pública”. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que no presentaron pruebas que respaldaran esta afirmación. La ausencia de pruebas que respalden los delitos imputados “demuestra que, en realidad, las autoridades buscan castigar a Pérez y Henríquez por su papel en la organización y liderazgo de una protesta pacífica”, señaló Human Rights Watch.
“Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros forman parte de una campaña más amplia de represión contra las voces críticas en El Salvador”, puntualizó HRW en un artículo de prensa.
De hecho, también han sido detenidos los abogados y defensores de derechos humanos Ruth Eleonora López y Enrique Anaya luego de ser férreos críticos contra el Gobierno de Bukele.
