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Fue muy oportuna la manifestación popular de ayer en contra de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que eliminó, sin argumento técnico alguno, la exclusividad para el SITRAMSS del carril segregado.
Sin lugar a dudas, los cuatro magistrados de la Sala que decretaron las medidas cautelares, lo hicieron en revancha porque el Ejecutivo pidió su recusación en la ventilación del recurso de inconstitucionalidad, por lo que la medida cautelar es caprichosa y fuera de todo marco de ley.
La medida cautelar lo que buscaba era que se generara un caos, desincentivar a los empresarios extranjeros y nacionales que le han apostado a la modernización del transporte colectivo en el Gran San Salvador, y con ello, dejar el negocios a los grupos de buseros que han trabajado como si fueran mafias, y provocar en la población la idea que los proyectos de los Gobiernos del cambio no tienen consistencia.
De ahí que ha sido oportuna la intervención del Ejecutivo, al más alto nivel, es decir, con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, que ha anunciado medidas que permitan no solo garantizar que el SITRAMSS continúe, sino la garantía que habrá cierta fluidez en el transporte.
Esa relativa fluidez la garantizará el Gobierno con la restricción al carril segregado de vehículos de carga de más de 4 toneladas y de carros del Estado, así como la presencia policial de manera fija en las 13 intersecciones, y el incremento en los horarios de 5:00 a 9:00 a.m. y de las 3:00 a 9:00 p.m.
Además de los horarios escalonados en la entrada y salida de estudiantes, empleados públicos y el sector privado.
El Gobierno le apuesta también, que los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional atiendan la revocatoria de la medida cautelar.
Es necesario recordarle a la ciudadanía, sobre todo a las 45 mil personas que utilizan el SITRAMSS, que los que han solicitado la inconstitucionalidad del SITRAMSS son transportistas vinculados al partido ARENA, uno de ellos, incluso, es aspirante a alcalde por la ciudad de Soyapango, la más afectada por la medida cautelar de la Sala.
Los magistrados suplentes, además de estudiar las argumentaciones del Gobierno para la revocatoria de la medida cautelar, debe atender el clamor popular.
Los suplentes deben tener claro que lo que han hecho los propietarios de la Sala de lo Constitucional es afectar al pueblo, al que solo puede movilizarse a través del transporte público de pasajeros, y que por tanto el Estado debe garantizarles transporte rápido, seguro y cuidadoso del medio ambiente.
