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Hacia una nueva ética del servicio público (Reflexión en el 15 de septiembre)

Luis Armando González

Nuestro país vive una importante oportunidad para cambiar de rumbo histórico. Con el segundo triunfo electoral del FMLN y el arribo a la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén, click se ha creado una posibilidad –de esas que no se dan todos los días— para impulsar una nueva forma de organizar la convivencia social.

Por supuesto que esa posibilidad se puede abortar: las inercias históricas, los hábitos heredados, el conservadurismo y la resistencia al cambio pueden terminar –como en otros momentos en el que se vislumbró la posibilidad de un cambio de rumbo en la nación— por imponer sus fueros, sometiendo la suerte del país y su gente a una lógica de exclusión, abusos y prepotencia  de gran arraigo en la historia de El Salvador.

En realidad, en nuestro país lo más fácil es continuar en la senda tradicional, aunque la misma nos lleve al abismo. Lo más difícil, aunque sea la única y última oportunidad de asegurar su viabilidad como proyecto de convivencia, es intentar un cambio de marcha.

La filosofía del Buen Vivir es una apuesta por un cambio de marcha histórico. Y el Presidente Sánchez Cerén quiere entusiasmar a la sociedad salvadoreña para que haga suyo el Buen Vivir y, con ello, el compromiso por participar activamente en el cambio de marcha histórico que puede salvar al país del marasmo en el que se encuentra.

Ese compromiso debe arraigar en todos los sectores sociales, pero de manera firme y decidida en los agentes estatales, en los cuales la filosofía del Buen Vivir –una vez asumida— debe traducirse en una nueva ética del servicio público.

La ética tradicional del servicio público –si es que acaso puede recibir tal denominación— es, en muchos aspectos, contraria al Buen Vivir. Es una ética jerárquica, de mando centralizado, intolerante y excluyente.

En las versiones más deformadas de la ética tradicional del servicio público, los  (anti) valores del aprovechamiento, el acomodamiento, la burocratización y la corrupción son la moneda de uso corriente.  En su extremo, en esa ética, lo que se da es un “servirse del público y de lo público”, y no un servicio público, que es lo que corresponde.

Nuestro aparato estatal ha vivido y generado esa ética prácticamente desde su constitución, con chispazos esporádicos de renovación que no pasaron a más, pues fueron ahogados por las inercias y las tradiciones previas, coherentes con los intereses de los grupos de poder a los cuales el Estado servía. Es decir, el Estado salvadoreño generó una ética del servirse de la sociedad y no de servirla porque lo mismo hacían los grupos de poder económico.

Un Estado para la gente, un Estado para la sociedad, no puede seguir propiciando esa ética. No va a ser fácil, obviamente. Se tienen que enfrentar críticamente sus fuentes generadoras y sus manifestaciones más perniciosas. El uso del poder y el estilo (tradicional) con el que ese poder se ejerce no pueden seguir tal cuales.

La parafernalia  y la ritualidad –hechas para engrandecer a quienes se mueven en la cima del Estado— es una herencia autoritaria que contradice las exigencias de igualdad fundamental entre los ciudadanos.  La pasividad y  acomodamiento de los servidores públicos debe cambiarse por una dinámica que fomente el compromiso activo, la crítica y las ansias de cambio en ellos.

Debe batallarse en contra del “temor al cambio” en los servidores públicos, para lo cual se debe fomentar una cultura en la cual el cambio se visto y vivido con normalidad.

Se debe estimular y premiar el protagonismo, la incidencia, los aportes creativos no sólo en el seno de la propia institución, sino ahí donde el país lo requiera. Los celos institucionales y el exclusivismo hacen daño a las instituciones que los fomentan y al país, ya que empleados de talento terminan viendo cercados sus espacios de incidencia al marco de su lugar de trabajo y en horarios también fijados de forma institucional.

Esto genera una filosofía del “no puedo hacer más que lo que hago” (pues se me sanciona o no se ve bien que haga otras cosas –y que aporte— en otros espacios y en otros momentos), con lo que esto supone de desperdicio de talento y de fomento de posturas acomodaticias que, usualmente, llevan a las personas a dar el mínimo a la sociedad.        

Premiar, estimular y valorar positivamente la incidencia institucional y nacional, supone también dar un giro en lo que se considera cartas de presentación laborales en el Estado.

La tradición ha arraigado, como algo positivo, los cursos, seminarios, diplomados, etc., que un empleado público ha recibido, y entre más mejor.

No se valora, sin embargo, los que han sido impartidos y se imparten (cursos, seminarios, diplomados, etc.), muchas veces en instituciones de prestigio públicas y privadas.

Es decir, no se valora aquello en lo que un empleado público ha sido un protagonista, no un receptor. Esto debe cambiar: lo  segundo, además de generar actitudes pasivas, genera la cultura de la incompetencia, del estar siempre necesitado de otros –extranjeros o nacionales adscritos a instituciones en las que “sí se sabe” y se tiene la experticia— que van adelante, Lo primero no sólo permite reconocer a los propios talentos y darles el reconocimiento debido, sino que promueve la iniciativa propia y activa para ser capaces de explicar a otros (que siempre es más difícil que recibir explicaciones).

En fin, es largo de enumerar los ejes a tratar en una nueva ética de servicio público orientada por el Buen Vivir. Lo que se ha anotado son sólo algunos aspectos que en este 15 de septiembre deberían ser motivo de reflexión por parte de quienes quieren trabajar en serio por el Buen Vivir.

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