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Luis Ponce
@DiarioCoLatino
El grupo motor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) celebró el sexto aniversario de la aprobación de la misma. Este grupo se reconoce a sí mismo como una iniciativa de la sociedad civil, que hoy se plantea la necesidad de continuar trabajando en el tema, reconociendo los aciertos que hasta hoy se han tenido y los desafíos que se plantean a futuro.
A seis años de su implementación, la LAIP aún presenta necesidades. En ese sentido, señala el grupo motor, debe fortalecerse el grado de independencia y robustez de la institución que rige dicha ley, por eso piden a los medios de comunicación y a la sociedad en general estar atentos a la próxima elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a realizarse el próximo 11 de mayo.
Según Javier Castro, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), quien además presidió la conferencia, deben ser todos los salvadoreños los que deben exigir que sean personas capaces y probas las elegidas para este cargo. Son las universidades y el sector empresarial los encargados de presentar candidatos y elegir ternas de las cuales el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, será el responsable de la selección de los nuevos funcionarios.
Dentro de los alcances que señala José Luis Lovo, representante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), se encuentran el destape de hechos de corrupción y la obligación de declarar el patrimonio a los funcionarios públicos. En ese sentido, plantea que lo que se busca al final es presentar una verdad real y no maquillada. La LAIP ha puesto al alcance de los ciudadanos mucha información. Sin embargo, según Sofía Flores, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, uno de los principales desafíos que plantea está ley es llevar su ejecución al ciudadano común. Hasta ahora, la mayor parte de información ha sido solicitada por investigadores y periodistas, pero no por el ciudadano promedio. El llamado es entonces a un empoderamiento de la población, ya que los fondos públicos y el manejo de las instituciones debe ser con total transparencia.
