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Por Leonel Herrera*
El actual gobierno salvadoreño ha decidido retomar la minería metálica. Varios acontecimientos confirman claramente que este régimen apuesta por esa nociva industria extractiva; y el más reciente de éstos es la detención sospechosa de miembros de la comunidad Santa Marta y representantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), entre ellos su director ejecutivo Antonio Pacheco, realizada la madrugada del pasado 11 de enero.
(https://ysuca.org.sv/2023/01/capturan-a-5-lideres-comunitarios-en-santa-marta/)
Lo anterior representa un golpe directo al corazón de la resistencia anti minera en el departamento de Cabañas. Pero antes de explicar por qué, es pertinente mencionar algunos hechos que constituyen señales inequívocas de la tenebrosa intención gubernamental de abrir las puertas a los proyectos mineros sin importarle sus consecuencias, sobre todo los daños al agua, al medioambiente y a la salud de las personas.
El primero es la incorporación de El Salvador a un grupo de países que promueven explotación minera, realizada en forma silenciosa en mayo de 2021. Se trata del “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”, que impulsa la minería metálica bajo supuestos estándares ambientales sostenibles. La pregunta aquí es ¿qué hace un país sin actividad minera en un foro integrado por otros que sí mantienen proyectos extractivos?
(https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-se-unio-a-foro-internacional-que-promueve-la-mineria-20211216-0107.html)
El segundo es la nueva “Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas”, aprobada por la mayoría parlamentaria oficialista el 26 de octubre del mismo año. Ante esto, la cuestión es ¿por qué esa normativa incorpora disposiciones para regular la explotación minera, a pesar de que ésta ya fue proscrita en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica?
Y el tercero es la inclusión de una partida de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”. En este caso, la duda es aún más inquietante, pues ¿para qué el gobierno destina fondos millonarios para modificar una normativa si ésta no necesita ningún cambio porque establece una cuestión terminante (la prohibición definitiva de la minería) y su unánime aval legislativo fue resultado de un amplio consenso nacional?
(https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-salvadoreno–asigna-4.5-millones-para-revisar-ley-minera-20221028-0075.html)
La respuesta a estas perturbadoras preguntas no puede ser otra: el gobierno actual ha decidido avanzar con los proyectos mineros a pesar de su prohibición legal, el generalizado rechazo social y la inviabilidad socioambiental debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los bienes hídricos del país. Y esta respuesta se confirma con la captura de los miembros de Santa Marta y representantes de ADES. A continuación, el porqué.
Santa Marta es una comunidad histórica formada por ex combatientes y exiliados de la guerra civil salvadoreña que retornaron de los campos de refugiados en Honduras entre 1987 y 1992; y ADES es la organización que ellos y ellas crearon para impulsar su proyecto integral de desarrollo en una zona devastada por la guerra en Cabañas, uno de los departamentos más empobrecidos, atrasados y conservadores del país. Y en ese lugar en ruinas ahora existe una comunidad que tiene los mayores índices de desarrollo humano de esa región.
Cuando apareció la amenaza de la minería metálica en varias comunidades de la zona entre los años 2003 y 2005, ADES se convirtió de inmediato en el principal promotor e impulsor de la resistencia comunitaria y puso en función de esa lucha todas sus capacidades técnicas, el tejido organizativo construido en el departamento y la experiencia histórica de Santa Marta en la lucha contra las injusticias sociales.
ADES también impulsó la lucha nacional a través de la Mesa frente a la Minería, promovió diversas alianzas contra los proyectos extractivos y aportó a la construcción de una narrativa convocante que permitió crear un amplio consenso nacional anti minero que, tras doce años de lucha (2005-2017), logró la aprobación unánime de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017 y El Salvador se convirtió en un hito mundial: el único país que proscribió por ley la minería de metales.
(https://www.lavanguardia.com/natural/20170330/421317896373/el-salvador-ley-prohibicion-mineria-metalica.html)
El rol de ADES también fue clave para lograr la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) a favor de El Salvador. La resolución de este tribunal corporativo del Banco Mundial fue un logro histórico del país frente a la minera canadiense Pacific Rim (absorbida después por la australiana Oceana Gold) que exigía una “indemnización” de 250 millones de dólares.
(https://cispes.org/article/el-salvador-triumphs-over-mining-companys-unjust-lawsuit-world-bank?language=es)
Con semejante papel de ADES y Santa Marta en esta lucha, el régimen encabezado por el presidente Nayib Bukele y sus hermanos sabe perfectamente que imponer la minería de metales pasa por debilitar, neutralizar y desarticular a la comunidad y a su Asociación, para evitar que éstas repitan la heroica historia de lucha que puso al país a salvo de esta nociva industria extractiva.
*Periodista y activista.
