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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Ministerio de Educación ha pedido a la Asamblea Legislativa la creación de un instituto de educación superior para la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que profesionales que la integran cuenten con “las más altas competencias técnicas, académicas y éticas para el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto de decreto enviado al Legislativo por parte de la ministra de Educación, Karla Trigueros, es para la creación del “Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República”, cuya finalidad “es la creación de una institución de educación superior de carácter público, especializada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio y duración indefinida, adscrita a la Fiscalía General de la República”.
En los considerandos, el Gobierno señala que el fortalecimiento institucional de la Fiscalía “requiere de la formación continua, especializada y de excelencia de su talento humano, garantizando que los profesionales que la integran, cuenten con las más altas competencias técnicas, académicas y éticas para el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, indica el decreto, la pluralidad de los fenómenos delictivos, la evolución constante de las ciencias forenses, criminalísticas y jurídicas, así como las exigencias de un sistema de justicia moderno, eficiente y transparente, “demandan la creación de una institución educativa especializada que responda a las necesidades de formación, capacitación, investigación e innovación en las materias propias de la labor Fiscal”.
La pieza fue entregada a la Asamblea el martes 3 de febrero y este 5 de noviembre, al cierre de la sesión plenaria, fue enviada al estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, la cual tiene previsto sesionar el martes 10 de febrero a las 10:00 a.m.
El Gobierno pide la ley porque “resulta indispensable” crear una institución educativa de nivel superior que permita formar, capacitar y especializar a profesionales en las áreas de las ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines, con el objetivo de contribuir “al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del sistema de justicia nacional”.
El Instituto tendrá como ámbito de actuación todo el territorio nacional, pero su sede principal será en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, departamento de La Libertad; y, podrá establecer sedes regionales, centros de extensión o convenios de cooperación interinstitucional, según las necesidades de cobertura y los recursos disponibles.
El instituto en cuestión tendrá las funciones de diseñar, desarrollar e impartir programas de formación inicial, capacitación continua, especialización, diplomados, maestrías, doctorados y demás modalidades educativas en las áreas de ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines. Además, promover la investigación científica, académica y aplicada en las materias relacionadas con su labor educativa, contribuyendo a la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo de metodologías y técnicas especializadas.
Fomentará la publicación de obras académicas, revistas científicas, estudios, investigaciones y documentos técnicos que contribuyan al desarrollo doctrinario y científico de las disciplinas relacionadas con la administración de justicia y las ciencias forenses. Certificará y acreditará las competencias profesionales de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de otros profesionales que participen en sus programas educativos.
Asimismo, busca impulsar programas de formación en ética profesional, integridad, transparencia, protección de víctimas y grupos vulnerables, así como en principios democráticos y constitucionales. Desarrollará programas de educación continua, actualización profesional y especialización para fiscales, agentes auxiliares, peritos, personal técnico, administrativo y demás funcionarios de la FGR.
El fiscal general de la República será el representante legal del Instituto, con todas las facultades; actualmente es Rodolfo Delgado, impuesto por el oficialismo el primero de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara.
El patrimonio del Instituto estará constituido por los recursos financieros asignados dentro del presupuesto de la Fiscalía General de la República, los bienes muebles e inmuebles que esta le otorgue, los ingresos derivados de sus propias actividades, así como de donaciones, herencias, legados y cooperación internacional; además, incluirá fondos provenientes de rentas, cánones, intereses, utilidades y frutos de sus bienes y operaciones financieras, las inversiones en títulos valores y depósitos bancarios, junto con cualquier otro ingreso o bien adquirido bajo cualquier título.
La fiscalización del presupuesto será ejercida por la Corte de Cuentas de la República. El fiscal general emitirá el reglamento y normativa interna en los cuales se establecerán la estructura organizativa, los órganos de dirección, los procedimientos académicos y administrativos, los planes de estudio, los requisitos de ingreso y graduación, el régimen de personal docente y administrativo, así como todas las disposiciones para el adecuado funcionamiento del Instituto.
