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Redacción Nacionales
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El pasado martes 10 de febrero venció el plazo que el Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones, como parte de los acuerdos entre dicha instancia internacional y El Salvador para “fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones”.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda estatal 2025 con los fondos privados de pensiones superó los $11,241 millones, lo cual representó un crecimiento de 6.8 %. En 2024 fue de $10,525.9 millones.
Los recursos provienen mayoritariamente de los ahorros que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) descuentan mensualmente a los salarios de los trabajadores, y especialistas en la materia consideran que la cifra de la deuda representa una presión y crisis sobre las finanzas públicas.
El FMI ha advertido, en diversos informes, que al menos el 89 % de los activos de las AFP han sido utilizados para la deuda pública, lo cual limita la rentabilidad e incrementa el riesgo de la sostenibilidad del sistema.
Asimismo, datos publicados en el “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador”, presentado en diciembre de 2025, la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común que se activa cuando los jubilados agotan el dinero de su cuenta individual, podría agotarse para 2029; mientras que las cuentas individuales de la mayoría de personas jubiladas se agotarían en 2027.
Es por ello que el Fondo ha solicitado que el Estado realice ajustes estructurales y realice una reforma integral del sistema de pensiones, que contribuya en la reducción del déficit fiscal y que también mejore la sostenibilidad fiscal.
Para el economista César Villalona no sólo es preocupante que el Gobierno salvadoreño no haya cumplido con el plazo propuesto; sino que, además, ha incumplido con algunas promesas que hizo cuando se aprobó la reforma de 2022, como la ampliación de la cobertura, garantizar pensiones dignas, la sostenibilidad del sistema y que los fondos se iban a utilizar para obras de desarrollo.
“Desde que entró en vigencia la nueva ley, en enero de 2023, la deuda con el fondo de pensiones que administran las AFP ha crecido en casi $2,800 millones. Y desde ese año el Estado sólo pide prestado y no paga nada por lo que debe. Se endeuda incluso para hacer gastos no contemplados en la ley”, publicó recientemente el economista en redes sociales.
Villalona también dijo esta semana, en la entrevista Diálogo, que es fundamental que el Estado garantice una reforma integral y profunda. “Hay que tomar medidas para resolver tres problemas: la cobertura, el monto de las pensiones y el financiero; pero este gobierno hará una propuesta enfocada solo en el aspecto financiero”, señaló.
Agregó que la eliminación de las AFP debería estar sobre la mesa, pues “son empresas privadas que ganan dinero con la administración de los fondos, cuando un ente público, como el Instituto Salvadoreño de Pensiones, puede manejarlos sin ganancia ni pérdida”.
Destacó que, desde la creación de las AFP en 1998, hasta noviembre de 2025, estas instancias privadas han obtenido ganancias de $500 millones, y las empresas de seguros al menos $400 millones. Por el contrario, la precariedad de los montos de las pensiones de las personas jubiladas persiste, pues el 68 % de la población jubilada tiene acceso al monto mínimo.
“Imagínate que esos $900 millones hubieran quedado en los fondos de la gente, invertidos en 25 años, ¿tú sabes cuánto fueran? Más de 6 mil millones de dólares, con el rendimiento”, dijo, al tiempo que enfatizó que se deben garantizar mejoras salariales a los trabajadores e incorporar al sector informal, con el fin de robustecer el fondo de ahorro.
En El Salvador, según el estudio actuarial de diciembre del año pasado, de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), hay un total de 223,500 personas jubiladas, sumando el sistema público y el privado.
Mientras que en el sistema privado hay 2.1 millones de personas afiliadas activas y 137,00 son afiliados jubilados, en el sistema público la cifra apenas llega a 1,400 afiliados activos, pero la cifra de personas jubiladas asciende a 86,500.
La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna ha hecho pública una propuesta de reforma al sistema de pensiones, en la que destaca la creación de un sistema mixto que permita distribuir el dinero, para que sea el Gobierno el que reciba más ingresos y no las AFP.
Asimismo, plantea que no haya modificación a los años de jubilación ni a la tasa de cotización y así, el Estado podría contar con un ahorro en el déficit previsional de hasta $5 mil 377 millones en los próximos 25 años. Esto significaría pasar de un déficit estimado actual de $16 mil 494.2 millones a solo $11 mil 116.29 millones.
Las reformas solicitadas por el FMI son parte de un compromiso adquirido por el Estado salvadoreño en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), que permitiría al país acceder a un financiamiento externo de aproximadamente $1,400 millones para fortalecer las finanzas públicas, acumular reservas externas y financieras y gestionar los riesgos de bitcóin.
