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Redacción Nacionales
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En el Día de la Justicia Internacional que se conmemora desde 1998 cada 17 de julio, las organizaciones que conforman la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador afirmaron que el gobierno en turno, resta importancia a los temas referentes a verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado, por el contrario, promueve discursos que instan al olvido, a la negación de los hechos y encubre de nuevo las posibilidades de justicia.
Ana Julia Escalante, de la Asociación Pro-Búsqueda, enfatizó que las víctimas nuevamente vuelven a ser víctimas por medio de campañas de desprestigio a sus organizaciones, son estigmatizadas como una forma de negar sus luchas, evadir una responsabilidad, acciones evidentes han demostrado que existe un retroceso en la agenda de derechos humanos y por el contrario vuelven a proteger a los responsables.
“Pese a existir una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que era un obstáculo para acceder a la justicia y con ella una serie de medidas que las instituciones responsables debían garantizar, la respuesta ha sido un primer momento una Asamblea Legislativa que tampoco reconoce el esfuerzo de las víctimas y sus representantes dejando de lado una propuesta elaborada a satisfacción como lo indican los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”, expresó.
Escalante manifestó que las víctimas han transitado décadas donde no se ha generado una respuesta a sus exigencias, pese a la existencia de un informe de la verdad, los diferentes gobiernos en turno se han vuelto cómplices de la impunidad, facilitando condiciones para que los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos se mantengan al margen de señalamientos, y con pocas oportunidades de ser llevados ante los tribunales.
Asimismo, recalcó que con el actual gobierno el panorama se vuelve más incierto ante los evidentes retrocesos en procesos democráticos, la independencia de poderes del Estado que rompe el equilibrio necesario, para no caer en la concentración y los abusos de poder; la Asamblea aprobó una Ley de Reconciliación que deja de lado la justicia, volviéndose una nueva forma de amnistía disfrazada.
Pro Memoria Histórica exigió a la Asamblea Legislativa retomar el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ley presentado por las organizaciones de víctimas y sus defensores, enmarcados en una ley integral de reparación e incorpora medidas concretas que responden a criterios establecidos, pues han sido elaborados a partir del proceso de consulta con las víctimas, cumpliendo así con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional.
Además, pidió a las instancias responsables avances en materia de justicia que inician por aportar la información necesaria para concluir casos como El Mozote y otros, tanto en el esclarecimiento de los hechos pero sobre todo en juzgar a quienes fueron los responsables del dolor e incertidumbre que viven las familias hasta el día de hoy.
Los miles de víctimas del conflicto armado esperan que la justicia la cual se conmemora en esta fecha sea materializada en hechos concretos, así como reconocer que no puede existir reparación sin que sean señalados y juzgados los responsables de las atrocidades cometidas en contra de la población civil, siendo muchas de ellas grave violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
El Órgano Ejecutivo no ha diseñado, ni impulsado políticas públicas para brindar las reparaciones adecuadas a las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad del conflicto armado, tampoco ha previsto su financiamiento en el Presupuesto Nacional, por el contrario la reforma del gobierno actual sobre diversas instituciones derivó en la parálisis o disminución de los pocos programas de reparación creados en las administraciones anteriores.
Tampoco las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas han recibido el apoyo necesario desde el Ejecutivo, al cual están adscritas, por el contrario el presidente de la República junto a su alto mando de la Fuerza Armada han obstaculizado investigaciones, al negar el acceso a archivos militares históricos, desobedeciendo de esta manera la sentencia de inconstitucionalidad, e incluso violando abiertamente la ley al bloquear las inspecciones judiciales que en 2020 se ordenaron en el proceso penal, por el caso de la masacre El Mozote y sitios aledaños.
Mientras tanto, Blanca García, representante del Comité de Madres y Familiares Detenidos-Desaparecidos y Asesinados Políticos, Monseñor Óscar Arnulfo Romero (COMADRES) externó que en El Salvador aún sigue la impunidad, no hay muestra del gobierno para llevar ante la justicia ningún caso del conflicto armado, para las víctimas sería un alto a los crímenes de lesa humanidad que todavía se cometen en el país.
“Hacemos el llamado al gobierno para que de una vez por todas se ponga fin a la impunidad, ya durante los 12 años de guerra por parte del Estado hubo cometimiento de crímenes horrorosos y de lesa humanidad, en el presente todavía se cometen como en la guerra, esto por falta de justicia y no dar muestra a las víctimas el querer esclarecer los hechos ni reparar los daños”, sostuvo García.
El 17 de julio se conmemora el Día de la Justicia Internacional, al haberse adoptado por la comunidad internacional en 1998 el Protocolo de Roma, instrumento que permitió continuar con la lucha en contra de la impunidad y lograr el acceso a la justicia de crímenes de la lesa humanidad en sociedades donde hay una constante la falta de voluntad y actitud proteccionista de los Estados.
