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Ciudad de México/Sputnik
Las autoridades mexicanas castigarán a responsables si existió dolo o negligencia en un incendio desatado tras una protesta en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, fronteriza con EEUU, donde fallecieron 38 extranjeros de Centro y Sudamérica, dijo este miércoles el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Queremos decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos actuar de manera responsable, y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
La investigación autónoma está a cargo de la Fiscalía General, con participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que actualizó a la baja la cifra de 38 extranjeros fallecidos y 29 heridos graves.
A una pregunta sobre un vídeo de una cámara de seguridad que grabó el momento en el que se inició el incendio, publicado por medios nacionales y extranjeros, el jefe del Ejecutivo dijo que informará la titular federal de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
“No va a haber impunidad (…), hay ese video, sobre eso se va hablar hoy (por este miércoles), va a informar la secretaria de Seguridad Pública, no vamos a ocultar nada”, subrayó el gobernante.
En 32 segundos de imágenes se observa a los migrantes encerrados en una celda mientras el fuego crece y el humo se propaga, mientras agentes migratorios finalmente se marchan sin intentar sacar a los detenidos
Según la lista de la Fiscalía General en la estación migratoria estaban detenidos con fines de deportación 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.
AGENTES MIGRATORIOS Y PRIVADOS
López Obrador reveló que el centro de detención estaba a cargo de agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) y una empresa privada.
“Había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad”, reveló el mandatario en su alocución.
Las investigaciones buscan conocer lo que realmente sucedió y aclarar los diversos relatos, testimonios y evidencias que surgieron después.
La primera versión fue ofrecida por el gobernante, la mañana del martes pasado, y relata que los migrantes comenzaron una protestas quemando colchonetas, cuando supieron que serían deportados.
“Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo (por este miércoles) sobre lo que sucedió”, agregó.
El propósito final es “que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad a la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”.
Las autoridades están enfocadas en atender a las víctimas sobrevivientes del incidente “doloroso y tan triste”.
Los trabajos consisten en “cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas”, explicó.
Finalmente, el jefe de Estado dijo que la migración procedentes de países centroamericanos, caribeños y sudamericanos “tiene sus causas en que la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades, lo hemos planteado durante mucho tiempo”.
El mandatario recordó que ha enviado sendas misivas al expresidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), y al actual jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, sobre este enfoque dirigido a las razones que impulsan a las personas a correr riesgos en la travesía hacia EEUU.
“Estamos haciendo bastante, de acuerdo a nuestras posibilidades, estamos invirtiendo para tratar de detener el flujo migratorio, y siempre estamos hablando de que hay que atender las causas para que la gente no abandone sus pueblos y sus familias”, puntualizó.
Más de 200 organizaciones defensoras de migrantes afirmaron que la muerte de los extranjeros es consecuencia de una protesta o motín es “revictimizar” con especulaciones.
Exigieron la destitución e inhabilitación inmediata del comisionado federal del INM, Francisco Garduño, y que el Gobierno ofrezca garantías de no repetición, entre otras demandas.
