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El presidente de Guatemala Jimmy Morales, rodeado de militares al anunciar la prohibición de la entrada a su país del jefe de la CICIG, que lo investiga por desviación de fondos.

Gobierno de Guatemala se niega a acatar orden que permite reingreso de jefe antimafias de ONU

Ciudad de Guatemala / AFP

El gobierno guatemalteco insistió el martes en que no acatará una resolución del tribunal constitucional que le ordena permitir el reingreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión anticorrupción de la ONU asediada por el presidente Jimmy Morales.

“De momento no se le va permitir el ingreso (a Velásquez). Hay una recusación que se hizo a la corte (constitucional) y en ese proceso jurídico estamos”, declaró a periodistas el vicepresidente Jafeth Cabrera.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -encabezada por Velásquez-, que funciona desde 2007 y ha participado en la revelación de escándalos de corrupción, pidió hace un año junto con la fiscalía investigar al presidente por sospechas de financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2015.

El gobierno determinó el pasado 4 de septiembre que Velásquez no podría ingresar a Guatemala, en momentos que el exjuez se encontraba en Estados Unidos para reuniones de trabajo.

Cabrera dijo que el gobierno presentó una recusación contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, que la semana pasada ordenó al gobierno dejar ingresar al país a Velásquez.

La CC decidió por unanimidad, el 16 de septiembre pasado, que la administración de Morales no puede impedir el retorno del comisionado de la Cicig.

Posteriormente, el jueves pasado, el tribunal aclaró en una votación dividida que la resolución anterior se refería a Velásquez.

“Ellos (los magistrados de la CC) actuaron fuera de ley porque la resolución que hicieron en mayoría de cinco la cambiaron después, y eso no es factible en la ley”, afirmó el vicegobernante.

Además de prohibir el retorno de Velásquez, Morales determinó que la Cicig concluya el próximo año sus labores en Guatemala, una decisión que provocó un fuerte rechazo popular.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo a la AFP que el gobierno “tiene que cumplir” con la orden de la CC y que la recusación planteada solo “busca sembrar confusión” para no acatarla.

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Un Comentario

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