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Organizaciones de mujeres, sociales y sindicales piden el respeto de los derechos de las mujeres en El Salvador. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

Gobierno de Bukele profundiza violencia estructural contra mujeres y niñas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales manifestaron que el Gobierno Nayib Bukele “ha proliferado formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos de las mujeres, niñas y adolescente”. Las declaraciones fueron brindadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que fue conmemorado frente al Palacio Nacional.

Organizaciones de mujeres, sindicatos y movimientos populares se concentraron en el Centro Histórico de San Salvador, frente al Palacio Nacional, donde el 6 de noviembre fue muerta Jéssica Solís, para sentar postura sobre las violaciones a los derechos de las mujeres en El Salvador.

“Alzamos nuestra voz, no solo para recordar a las víctimas, sino para exigir un cambio profundo”, comentó Nohemy Lira, del Colectivo de Mujeres del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) durante la lectura del pronunciamiento.

Esas palabras fueron en alusión, ya que “en El Salvador, bajo el régimen familiar y empresarial de Nayib Bukele, han proliferado formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos de las mujeres, niñas y adolescentes”. Desde marzo de 2022, con la implementación del régimen de excepción, “han sido detenidas miles de personas injustamente, muchas de ellas son mujeres provenientes de sectores populares”. Han estado privadas de libertad, sin juicio ni debido proceso.

Lira sostuvo que organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado torturas, partos en centros penales, agresiones con desnudez forzada, quemaduras, asfixia, ejecuciones simuladas y violencia sexual cometidas por funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). 25 mujeres han muerto en las cárceles durante este régimen de excepción lamentó Lira.


Además de ello, las mujeres también cargan, con la defensa de sus familiares capturados arbitrariamente, así como con los gastos de alimentación, paquetes de víveres para los detenidos y las afectaciones emocionales del encierro. “Las detenciones masivas y la falta del debido proceso han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, las condiciones en los centros penitenciarios, las muertes bajo custodia y la violencia institucional configuran graves violaciones a los derechos humanos”, planteó Lira.

En la concentración, también participaron familiares de víctimas del régimen de excepción y MOVIR, quienes pidieron la liberación de los detenidos.

Las organizaciones también denunciaron el asesinato de Jessica Solís, una joven que transitaba en el Centro Histórico de San Salvador la tarde del 6 de noviembre cuando un militar, identificado como Derman Fernando Jorge Benítez supuestamente disparó “accidentalmente” su fusil.

“Un crimen que pone con crudeza las consecuencias de la militarización impuesta por el régimen de excepción. Su muerte no es un hecho aislado, sino el reflejo de un contexto donde el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de controles y la suspensión prolongada de garantías constitucionales colocan a las mujeres en una situación extrema de vulnerabilidad”, agregó Lira.

Sobre este tema y del silencio que ha guardado el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, por la muerte de Solís, Marisela Ramírez, una de las voceras del BRP, señaló que el presidente Bukele, al ser comandante general de las fuerzas militares “debería ser el primero en dar la cara frente al asesinato de Yessica; Sin embargo, no está diciendo nada.

En el Gobierno de Bukele se ha retrocedido en materia de derechos de las mujeres según explicaron las organizaciones concentradas en el centro de San Salvador. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

“Aquí los daños no se compensan ofreciendo miles de dólares a la familia (la FAES le daría $200 mil como compensación). Lo que la familia necesita y exige es que se aclare la situación. ¿Por qué aquí murió una mujer? ¿Por qué intentaron desviar la atención? ¿Y por qué después dicen que fue una bala perdida? Nos parece indignante”, comentó Marisela en conferencia de prensa.

Las organizaciones sostuvieron que la violencia estatal ejercida bajo la justificación de seguridad “profundiza el riesgo para las mujeres y demuestra que la militarización no protege nuestras vidas, sino que amplifica las violencias que históricamente hemos denunciado”.

Entre enero y octubre del 2025 se registraron 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres, de los cuales el 47% fueron cometidos por parejas o exparejas. “Aun con la supuesta mejora en seguridad nacional, el régimen no ha querido poner freno a la violencia feminicida”, informó Nohemy Lira.

Desde la llegada del Gobierno de Bukele, las mujeres organizadas han denunciado “un desmantelamiento y debilitamiento de políticas públicas para las mujeres”. De hecho, plantearon que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU), despidió a más de 100 empleadas este año y cerró sus oficinas departamentales. “Esa medida ha limitado las oportunidades para que las mujeres denuncien violencias y ha reducido su participación política y social. Al mismo tiempo, las instituciones encargadas de proteger a las víctimas están controladas por el régimen, haciendo que todo eso quede en la impunidad y descuidando la atención a la violencia contra las mujeres”.

Las organizaciones presentaron una ofrenda floral en el sitio donde fue asesinada Yessica Solis por un militar. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

También, informaron que existe un desmantelamiento de políticas, programas y proyectos destinados a la protección de los derechos de las mujeres, así como la reducción de personal especializado, la falta de financiamiento y la captura institucional han debilitado los mecanismos de denuncia, atención y acompañamiento”.

Sumado a ello las activistas y defensoras de derechos humanos sufren de persecución. “El gobierno intenta silenciarnos, pero hoy más que nunca nos negamos a renunciar a todos los derechos que con lucha y sangre logramos conquistar”.

A juicio de Lira la violencia simbólica “es permanente” a través de discursos oficialistas que “intentan borrar o minimizar la violencia contra las mujeres, que promueven valores conservadores y se exalta un modelo autoritario de seguridad que legitima la represión”.

Las organizaciones exigieron investigaciones imparciales sobre los abusos cometidos bajo el régimen de excepción y libertad para las presas injustamente.

También, exigieron el esclarecimiento independiente y transparente del feminicidio de Jessica Solís, así como la identificación, judicialización y sanción de todos los responsables materiales y estructurales.

“Ningún régimen de excepción puede justificar la impunidad ni ocultar la responsabilidad del Estado frente a la violencia ejercida contra las mujeres”, puntualizó Lira.

“Reafirmamos que las mujeres somos sujetas políticas y exigimos respeto pleno a nuestros derechos. Hacemos un llamado a la organización de las mujeres y de todo el pueblo para transformar las estructuras de violencia y desigualdad”, finalizó el pronunciamiento de las organizaciones.

Sonia Urrutia, también dirigente del BRP, explicó los retrocesos democráticos que se han tenido desde el Gobierno de Bukele como la toma del poder judicial y las instituciones del ministerio público, las cuales son controladas por el Ejecutivo.

“No estamos de acuerdo con los diferentes retrocesos que nos afectan gravemente a nosotras como mujeres y no estamos dispuestas a entregar lo que nuestras compañeras organizadas en diferentes organizaciones feministas han venido luchando y han conquistado con sudor y valentía”, explicó Urrutia.

“Creemos en nuestra convicción que la organización es esa batalla que aún nos permite estar en resistencia. Hoy alzamos la voz, no solamente por la violencia que vivimos en nuestros hogares o en nuestras comunidades, sino también alzamos la voz porque nos despiden en los centros de trabajo; por el acoso, por la organización, por la discriminación. Y hoy como mujer sindicalista reafirmó que la lucha por la defensa de los derechos laborales también es una lucha contra la violencia patriarcal”, enlistó Urrutia.

Luego de la concentración frente al Palacio Nacional, las organizaciones se desplazaron frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) para realizar un acto cultural. En el lugar un simpatizante del Gobierno llegó a hacer gestos de burlas, a grabarlas y a decir que estaba en un espacio público. Las mujeres organizadas lo ignoraron.

Las organizaciones colocaron una ofrenda floral donde fue asesinada Jéssica Solís.

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