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Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, presenta aviso en la FGR sobre actos delictivos en el informe de peritaje relativo a la construcción de la terminal de Soyapango. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.

Gerson Martínez pide investigar peritaje en caso de SITRAMSS

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Gerson Martínez llegó hasta la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar un aviso sobre falsedades introducidas en el documento oficial de peritaje, en relación a la calidad constructiva de la Terminal de Integración de Soyapango, lo cual podría constituir delito de falsedad documental agravada.

Martínez pidió a la FGR investigar las falsedades documentales presentadas en el informe de las peritas de la Corte de Cuentas de la República (CCR), quienes han hecho creer la existencia de irregularidades, principalmente en la construcción de la obra, que no constituye un señalamiento de apropiación de fondos o adquisiciones de beneficios por parte de funcionarios responsables del proyecto examinado. “El equipo de abogados ha encontrado una gran cantidad de falsedades que se han introducido en un documento de carácter oficial, presentamos esas pruebas para que la FGR pueda hacer lo correspondiente, con esto estamos tutelando la justicia, la buena administración de los recursos y la fe pública”, afirmó el exministro de Obras Públicas.

Según Martínez, las peritas de la CCR presentaron como verdades una serie de falsedades sobre aspectos puntuales de la obra, afirmando la existencia de deficiencia técnica y de calidad en la construcción, pese a que visitaron el lugar y constataron de forma directa el estado de la misma.

Asimismo, explicó que entre las falsedades señaladas está que había paredes desniveladas, falta en el servicio de agua potable, pozos soterrados, gradas sin muro, ascensores de marca sin respaldo, cuando las peritas sabían perfectamente que los ascensores no fueron adquiridos por la empresa contratista a la que se refieren y además conocían que la administración pública tiene prohibido por ley comprar por marca.

El exfuncionario afirmó que la construcción del proyecto siempre estuvo supervisado por una empresa consultora que contó con la vigilancia permanente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también auditó por medio de firmas privadas la utilización de los fondos, construcción y funcionamiento.

Además, el proceso contó con procesos de contraloría, mediante dos pactos de integridad suscritos entre las partes contratantes y el Capítulo de El Salvador de Transparencia Internacional, representado por al Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

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