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Yaneth Estrada
@caricheop
El abogado Javier Castro, director de Asuntos Legales de FUSADES sostuvo que “estamos ante un régimen de excepción de facto, solapado, ante la restricción de la libre circulación, que es un derecho constitucional”.
“Este día amanecemos con un nuevo régimen, estamos bajo un régimen de excepción de facto, rebasando y que viene a generar inestabilidad jurídica en el país y atropello a los derechos ciudadanos”, agregó Castro.
El abogado comentó que el control político del país está muy débil, y que ante tanta vulneración instituciones que velan por los derechos humanos deben actuar, entre estas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El representante de FUSADES afirmó que “la constitución es la vía para proteger derechos de ciudadanos, vemos con preocupación actos que han rebasado y acciones en contra del orden jurídico que genera preocupación; han habido una cantidad de abusos señalados por varias instituciones”.
Delmer Rodríguez, de la ESEN y especialista en proceso penal, aseguró que “si bien es cierto, que la cuarentena especial son buenas las medidas para prevenir el COVID-19 deben hacerse con discrecionalidad y proporcionalidad de derechos fundamentales”.
“Nunca tenemos que perder de vista la jerarquía de las normas jurídicas, un Decreto Ejecutivo no puede sobrepasar los limites que le marca el Decreto Legislativo, la ley que lo ampara”, recalcó Rodríguez.
Para Francisco Bertrand Galindo -abogado constitucionalista- consideró que “la libertad de tránsito es una libertad constitucional, lo que ha pasado acá es que el decreto legislativo trató de suplir algunos requisitos que dijo la Sala de lo Constitucional, al final resultó que dejó un nivel de discrecionalidad al Ejecutivo”.
La fracción legislativa del FMLN fue la única que no votó para la ley legislativa que ha permitido al Ejecutivo crear y aplicar el decreto 22.
Aunque, la noche del miércoles, al conocerse las medidas del decreto, hasta el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce dijo que algunas de las medidas del decreto 22 no estaban contempladas en la ley aprobada por la Asamblea.
