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@arpassv
Comunidades del departamento de Cabañas, apoyadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y una coalición de organizaciones internacionales, pidieron este día al gobierno acciones legales contra la minera Pacific Rim-Oceana Gold.
A pesar de habérsele negado los permisos de explotación de minerales en Cabañas, la empresa canadiense-australiana sigue operando en la zona bajo la figura de “Fundación El Dorado”, entidad que realiza proyectos sociales orientados a ganar respaldo de los pobladores.
En algunos de estos proyectos, por cierto, participan funcionarios locales de ministerios como Salud, Educación y Trabajo, a pesar de que el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén dice estar en contra la explotación minera.
Los demandantes piden que el Ministerio de Gobernación proscriba la mentada Fundación El Dorado y la desinscriba del registro de entidades sin fines de lucro. Esto porque, entre otras razones, no es una instancia no lucrativa, sino la fachada de una transnacional que pretende extraer metales del subsuelo nacional contrariando la voluntad popular y la negativa gubernamental de otorgar los permisos correspondientes.
Señalan, además, que Pacific Rim-Oceana Gold (Fundación El Dorado) perjudica los intereses del Estado y la sociedad salvadoreña al mantener millonarias demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), razón suficiente para clausurar la ominosa Fundación.
Pacific Rim-Oceana Gold generó daños ambientales en Cabañas y provocó conflictos que culminaron en el asesinato de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, en junio y diciembre de 2009. El máximo representante de la compañía en el país era su entonces vicepresidente Rodrigo Chávez Palacios, a quien la Fiscalía no quiere investigar como posible autor intelectual de esos horrendos crímenes.
Desde el gobierno del ex presidente Antonio Saca, hasta la actual administración de Sánchez Cerén, el Ejecutivo se ha negado a autorizar explotación minera; pero la Asamblea Legislativa no quiere aprobar una ley que prohíba en forma definitiva esta nociva industria por falta de voluntad de los partidos de derecha, especialmente ARENA.
Para ser consecuente con su postura antiminera, la izquierda gobernante debería prohibir que sus funcionarios en Cabañas coordinen con la Fundación El Dorado, su ministro de Gobernación debe proscribir esa espuria entidad y su grupo parlamentario insistir en la aprobación de una normativa que ponga al país a salvo de la tenebrosa minería de metales.
