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Foro analiza el rol de militares en la seguridad pública de la región

Ángel Quijano
Diario Co Latino

La Fundación Heinrich Boll y el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA realizaron el panel foro: “Militares en la seguridad pública y el efecto en la institucionalidad democrática. Cuyo objetivo era ver como la integración de las fuerzas militares en el área de seguridad y prevención ha afectado los ciudadanos y el desempeño institucional de las entidades correspondientes.

“Es un tema polémico, buy cialis pero en general tememos que abordarlo”, cure con esta frase inauguró la representante de Heinrich Boll, Lorena Argueta, el tipo de reacción asumida generalmente por la gente cuando se pone sobre la mesa. Sin embargo, mencionó que si la situación social es tan alarmante y pobladores piden la presencia de soldados en sus lugares de residencia, sus acciones son percibidas de forma positiva.

Pese a la opinión que tenga una cierta parte de la ciudadanía, Argueta aclaró desde el principio que es del conocimiento general que el ejército no es el  organismo reconocido constitucionalmente para atender la seguridad pública.

Maestro en Ciencias Políticas y docente de sociología de la UCA, Danilo Miranda, habló sobre el impacto del militarismo de la seguridad pública en México. “No se puede hablar de la seguridad en México ni de cualquier política de militarización sin tener en consideración el proyecto hemisférico global y regional de los Estados Unidos en materia de seguridad. México prácticamente sigue la política de drogas de E.U.A., pero la cooperación estadounidense ha sido episódica en diferentes momentos de historia”.

Entre uno de los momentos críticos que ha caracterizado esta asistencia destaca el asesinato del agente de la DEA, Camarena, a mediados de los años 80.

También resaltó el momento cuando México  firmó el TLC con E.U.A. y el surgimiento de grupos armados por razones sociopolíticos. “El 1 de enero de 1994, día que entró el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se pronunció la guerrilla zapatista en Oaxaca y Chiapas, trajo en si la reacción inmediata de las fuerzas de seguridad, del ejército y denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese momento. La tensión se logró solucionarse con una comisión de negociación”, agregó.

Como resultado de una serie de estrategias y políticas de seguridad ineficaces se reportan 23,000 desaparecidos en años recientes, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y posee más de 1,000 fosas clandestinas.

Miranda dijo que el incremento en el presupuesto militar, adquisición de equipo y armamento sofisticado, creación de escuelas de inteligencia en la policía, entre otras cosas muestran el belicismo del sistema de seguridad pública del país.

Pablo Andarita, académico colombiano, apuntó sobre tácticas empleadas en su país para combatir el narcotráfico y crimen, a su vez utilizado para derrotar a la guerrilla FARC como El Plan Colombia. Una maniobra ni siquiera fue aprobada por las autoridades colombianas, sino por el congreso estadounidense. Una estrategia que junto con otras acciones donde se involucra el ejército en tema de seguridad ha traído consecuencias graves. Argueta especificó que hay acerca de 30,000 homicidios al año, crecimiento del fenómeno del desplazamiento forzado, en la que hasta el momento se registran 6, 000,000 de colombianos desplazados.

Por otra parte Jeanette Aguilar, Directora del IUDOP, en relación al contexto salvadoreño, habló acerca del involucramiento de la Fuerza Armada en sector de seguridad después de terminar la guerra civil. “Básicamente desde 1993, los primeros años de pos-conflicto y pese que la PNC estableciera que era el único cuerpo armado responsable de la paz y la seguridad interna. Todos los gobiernos de la posguerra sin excepción han hecho un abuso de esa facultad excepcional que establece la constitución recurriendo de forma permanente al uso de las milicias en tareas de apoyo a la seguridad”, expresó Aguilar.

La analista explicó que de acuerdo al Art. 168 de la Constitución de la República, con los acuerdos de paz y las reformas constitucionales, se excluye a las Fuerzas Armadas de su participación en tareas de seguridad.

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