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Redacción Nacionales
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Frente a la represión y la censura en el país, el medio digital FOCOS decidió seguir haciendo periodismo, pero trasladó las operaciones legales, tributarias y financieras a Costa Rica, lo que implica la disolución de la sociedad en El Salvador, no por voluntad, sino “debido a la fuerza represiva del gobierno que ilegaliza las voces críticas”.
FOCOS señaló que en El Salvador el ejercicio del periodismo es hoy un acto de resistencia perseguido, no hay condiciones para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión. La Ley de Agentes Extranjeros y el Régimen de Excepción son los dos principales instrumentos de esa política represiva.
“El régimen de Nayib Bukele se ha encargado de construir metódicamente un Estado que persigue la disidencia y a quienes se atreven a señalar los abusos del poder, la opacidad en el uso de fondos públicos, el enriquecimiento de funcionarios, la desigualdad y la pobreza, las violaciones a los derechos humanos y los conflictos de interés en sus políticas”, indicó FOCOS.
Asimismo, destacó que actualmente El Salvador está sometido a la decisión de un solo hombre que ha eliminado todos los controles y contrapesos a su gestión, con el objetivo de ejecutar el poder a su antojo, silenciando con leyes injustas, exilio y cárcel toda crítica a su mandato.
El medio digital consideró que, a pesar de las amenazas a la labor periodística, los principios y convicciones indican que lo correcto en estos momentos es seguir ejerciendo el control del poder en libertad, a través del periodismo.
“Costa Rica reúne por ahora las condiciones jurídicas y estables para operar desde allí nuestro fin democrático, que es informar a los salvadoreños, esto implica que FOCOS asume su cobertura de El Salvador desde el exilio, el desplazamiento forzado de nuestras operaciones al exterior no es algo normal, no está bien y es un síntoma claro del autoritarismo que domina la política salvadoreña en la actualidad”, recalcó el medio de comunicación.
El Salvador ha cedido sus libertades y derechos a cambio de una seguridad frágil, una paz armada y escasa, porque mientras el país viva bajo el temor de expresar su opinión, mientras las condiciones económicas de los hogares no mejoren y el gobierno no gestione el dinero del pueblo con transparencia y rendición de cuentas, lo único garantizado es una seguridad electoral para el beneficio del presidente y de su círculo de poder y no una seguridad permanente para la mayoría de la ciudadanía.
Según FOCOS el país padece de condiciones estructurales de desigualdad y corrupción que el gobierno no ha logrado resolver y que merecen ser complejizadas, analizadas y relatadas para que la ciudadanía asuma conciencia y aspire a una sociedad más justa independientemente de quién la gobierne.
“Declaramos seguir firmes en el periodismo, la democracia y los derechos humanos. Frente al autoritarismo decidimos evolucionar, resistir y continuar”, aseguró.
El traslado de FOCOS a Costa Rica se suma al cierre de operaciones del medio digital El Faro, así como el cierre de organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cristosal y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en El Salvador (FUDECSO).
Debido a la Ley de Agentes Extranjeros muchas ONGs antes de ceder a las presiones, han decidido no registrarse o dejar de operar, pues la ley exige a las personas y organizaciones que reciben financiación internacional, directa o indirectamente, inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) de reciente creación dependiente del Ministerio de Gobernación.
La ley define de manera amplia los agentes extranjeros como cualquier persona u organización que responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero. Un mandante extranjero es cualquier persona u organización con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, partido político u organización, así como cualquier entidad así determinada por el RAEX.
Una vez registrados, cada transacción financiera de los fondos de los mandantes extranjeros está sujeta a un impuesto del 30%, sin embargo, la ley no aclara si el impuesto actual del 10% sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto, lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto, poniendo en peligro la propia existencia y viabilidad de las organizaciones y los medios de comunicación independientes en el país.
La Ley prohíbe a los denominados agentes extranjeros llevar a cabo actividades con fines políticos u otros que tengan por objetivo alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política del país. Estos agentes deben utilizar los fondos para fines específicos articulados ante el RAEX y no pueden recibir donaciones anónimas.
La amplia autoridad del RAEX para supervisar y regular las actividades de los agentes extranjeros, junto con el lenguaje ambiguo de la ley y la ausencia de definiciones jurídicas claras, crea riesgos significativos de injerencia gubernamental en las operaciones de las entidades privadas.
La facultad de revocar la personalidad jurídica de una ONG sin supervisión judicial, basándose en motivos vagos como alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política, supone una grave amenaza para las organizaciones que no se alinean con los intereses del gobierno.
Esta disposición podría utilizarse para atacar a las organizaciones disidentes o independientes, al tiempo que se refuerza a las que están alineadas con las autoridades.
