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Rosario Rivas
Redacción Nacionales
Para Carlos Flores, del Foro del Agua, el caso de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, dos defensores de la tierra y el agua, capturados el pasado 12 de mayo, ha sido “politizado desde el inicio” y la Fiscalía no ha presentado pruebas reales sobre los delitos de los que se acusa a los líderes comunitarios, como desórdenes públicos y resistencia agresiva.
La defensa solicitó hace tres meses un juicio abreviado. En esa figura legal, los procesados aceptarían la versión fiscal a cambio de una pena mínima canjeable por trabajos comunitarios. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado respuesta.
Flores denuncia graves irregularidades en el proceso judicial que enfrentan Henríquez y Pérez, capturados durante una protesta pacífica de la cooperativa El Bosque. Ambos continúan en prisión preventiva, luego de que el juzgado segundo de instrucción decidiera prorrogar por tres meses más la fase de investigación.
Flores explica que, pese a los abundantes arraigos y pruebas de descargo presentadas por la defensa, la jueza ha rechazado otorgar medidas alternas a la detención. Además, denuncia que la Fiscalía no ha realizado ni una sola diligencia de recolección de pruebas, a pesar de las solicitudes formales del equipo defensor.
Además, de la preocupación jurídica, se suma la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran los dos detenidos. Desde su traslado al penal La Esperanza, ubicada en Mariona, la defensa y los familiares han enfrentado restricciones para visitarlos, y ambos presentan afectaciones en su salud.
Ante la amenaza de expulsión, las familias campesinas realizaron movilizaciones solicitando la intervención del mandatario Nayib Bukele. Tras esas protestas, se denunció represión policial y se capturó a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
Hay que recordar que la cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo de Santa Tecla, enfrenta desde hace años una orden de desalojo, luego de una condena judicial que surgió por un litigio con el empresario Luis Palomo Urbina, a quien un juzgado laboral favoreció con su resolución y condenó a la cooperativa a ceder parte de sus tierras. Organizaciones y líderes campesinos denuncian que Palomo habría estafado y despojado a la cooperativa.
Aunque el proceso de desalojo fue suspendido en mayo tras la llegada de la Ministra de Vivienda y una orden del juzgado, la comunidad continúa bajo vigilancia policial, presencia de civiles desconocidos y uso de drones, lo que mantiene a la población en constante temor.
