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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) hizo un llamado a la “seguridad jurídica”, al hacer referencia a los más de siete meses de detención provisional de cinco líderes ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y ADES, en el departamento de Cabañas.
La FESPAD argumentó, en un comunicado, que “pese a las debilidades del argumento jurídico y probatorio”, el proceso continúa, lo que plantea un “grave debilitamiento del Estado de Derecho”,.
Diversas organizaciones del movimiento social salvadoreño e internacional han venido exigiendo a las autoridades la petición de la extinción de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República, contra los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta.
“El artículo 1 de la Constitución pone al centro de la actividad del Estado a la persona humana, y señala como una de las finalidades primordiales del Estado, garantizar la seguridad jurídica, lo que se traduce, entre otras cosas, en la garantía del cumplimiento del Estado de Derecho por todos sus destinatarios”, afirmó.
“Y la regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación, es decir, la vinculación de todas las personas públicas y privadas a la ley, con miras a proteger los derechos fundamentales y evitar la arbitrariedad del ejercicio del poder”, señaló la fundación pro derechos humanos.
“Y particularmente, de un poder tan grande como lo es el ejercicio del poder punitivo (violencia legítima) del Estado por medio del derecho penal”, añadió.
La FESPAD hace pública su “preocupación y alarma” ante lo que considera los múltiples señalamientos que existen en cuanto al “uso instrumental de ese Derecho Penal”, que en este caso en particular menoscaba la defensa del medio ambiente, que los cinco ambientalistas y su comunidad han venido liderando desde ADES, en el departamento de Cabañas.
“Particularmente, es una lucha en contra de la explotación minera, y que las debilidades del sustento jurídico y probatorio, utilizado por la Fiscalía General de la República, ampliamente conocidas, justifican esos señalamientos”, argumentó.
Igualmente, FESPAD citó como los ciudadanos y ciudadanas en su carácter personal, organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y organismos internacionales de las Naciones Unidas (ONU) han expresado reiteradamente “su preocupación” por este caso de los cinco ambientalistas comunitarios y la aplicación de la justicia salvadoreña.
También los pronunciamientos de la Relatoría Especial de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionados con el Disfrute de un Medio Ambiente Sin Riesgos, quienes han solicitado reiteradamente al Estado salvadoreño, que “justifique su actuación” sin dejar de señalar inquietud sobre la “evidente arbitrariedad”cometida cotra estos líderes comunitarios.
“Ante la evidente inexistencia de delito, instamos a la Fiscalía de la República a tener en esta situación una oportunidad de rectificar su actuar, adopatando una posición apegada estrcitamente a la Constitución y la ley, tal cual es su cometido, coherente con los hechos objetivos y el derecho aplicable”, solicitó.
“Motivamos al tribunal que conoce el caso, a que atienda sin demora la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa técnica de los ambientalistas, a no demorar en resolver el caso y tomar una decisión en aplicación correcta del Derecho, que son exigencias enmarcadas en el postulado fundamental de nuestra Constitución : la seguridad jurídica”, reafirmó la FESPAD en su comunicado.
La petición del sobreseimiento definitivo del proceso penal contra los cinco ambientalistas, fue presentada por el abogado de los líderes comunitarios, junto a miembros de la comunidad Santa Marta el pasado martes 26 de septiembre, ante el Juzgado de Sensuntepeque, Cabañas, la que se encuentra en el proceso de trámite del cual esperan un fallo a favor para que termine el arresto domiciliar de los ahora imputados y recuperar su libertad irrestricta.
