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Redacción Nacionales
Rosario Rivas
Durante más de tres décadas la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) tuvo la convicción de que el derecho debe ser un instrumento de lucha y una herramienta de transformación frente a la injusticia.
Además, de ser una voz y defensa de quienes históricamente han sido marginado, excluidos y silenciados.
Sin embargo, este 4 de septiembre FESPAD anuncia el cierre de operaciones, como fundación, ya que la vigencia de la ley de agentes extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible.
Pretender seguir operando bajo las condiciones impuestas por la LAEX implicaría abandonar la finalidad de FESPAD, que es «propiciar el más amplio y correcto conocimiento y aplicación del derecho en El Salvador, como contribución al desarrollo de una convivencia social armónica, justa y democrática, basada en el estado constitucional de derecho y el respeto a los derechos humanos».
La fundación señala, en un comunicado, que sobrevivieron durante gobiernos de «derechas» e «izquierdas», asumiendo la misión sin dobleces, desde la política institucional no partidaria.
Y han estado en las calles, en los tribunales, en las comunidades, en los debates públicos, en las mesas con diversas administraciones públicas, incidiendo en la crítica y formulación de políticas públicas.
Por lo que han defendido con firmeza los derechos humanos y el respeto al estado constitucional de derecho. “Lo hemos hecho desde 1988, adaptándonos a los retos de cada contexto, con ética, con profesionalismo y un compromiso profundo con la justicia, el bien común y la dignidad de las personas”, señala el documento.
Para FESPAD, esta responsabilidad ha marcado la vida institucional, porque también han procurado que la institución sea un proyecto vital, un espacio donde los derechos humanos han hecho vida, donde se han sostenido y promovido los principios del marco constitucional democrático.
FESPAD ha sido una obra colectiva de nuestra historia reciente, que ha elevado la voz del pueblo y defendido la democracia en construcción, señala el documento.
Pero, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros los pone en un dilema: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien, buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos.
Para FESPAD, la LAEX genera inseguridad jurídica ante la posibilidad de aplicar a personas u organizaciones un régimen de prohibiciones ambiguo y de manera discrecional, con posibles multas confiscatorias de hasta 250 mil dólares e incluso, responsabilidades penales.
“Estas situaciones que por hoy no tienen posibilidades reales de controles institucionales; vuelve insostenible financieramente a cualquier institución que no sea excluida del pago del impuesto del 30%; e impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos”, cita el comunicado.
Agrega que dicha normativa constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos.
“Bajo esa normativa esas actividades bien se vuelven imposibles o se ven reducidas a su mínima expresión, quedando en tela de juicio la razón de ser de las organizaciones que se dedican a ello”, afirma.
Además, señalan que, ante esa realidad, como FESPAD tomaron una decisión dolorosa pero coherente: disolver el carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal.
Para FESPAD es importante señalar que después de casi 37 años de funcionamiento, sus fines institucionales están esparcidos, arraigados y seguirán vigente en el actuar de miles de personas que han sido formadas en diversos temas con un amplio enfoque de derechos humanos.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) agradeció a quienes hicieron posible este caminar como fundación entre ellos los fundadores y activos, los equipos técnicos, las comunidades, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones sociales hermanas, la cooperación solidaria, los medios de comunicación, los funcionarios y funcionarias, así como a los empleados y empleadas públicos de distintas administraciones centrales y municipales y a todas las personas que se sumaron al proyecto y que seguirán siendo parte de ese sentir colectivo de buscar justicia a través de la correcta aplicación del derecho.
“Nuestro proyecto y propósito fundacional sigue vigente y vivo en las almas, corazones y actuar de quienes han sido parte de él. la sociedad que queremos para nuestro pueblo se concretará más temprano que tarde mediante la persistencia y articulación de todas las personas que creemos firmemente en que un mejor el salvador es posible”, finaliza el documento del anuncio del cierre.
La LAEX vuelve insostenible las organizaciones
Para Ivania Cruz, quien reaccionó ante el anuncio de FESPAD, La Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) es inconstitucional y vuelve insostenible a las organizaciones, afecta a los cooperantes y al final no solamente se ven afectadas las organizaciones civiles, sino también los beneficiarios.
“Cuando el gobierno o las instituciones públicas no pueden llevar todos esos beneficios sociales, la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños, son las organizaciones civiles, de una manera subsidiaria, las que ven las necesidades de las personas, dijo Cruz.
Y agregó que ante el cierre de una organización salen afectados también los empleados que dependen de la organización y esto es una cadena de consecuencias.
“Esto deja en claro que cada vez más es vulnerable la defensa de los Derechos Humanos”, dijo y agregó que “en este sentido el pueblo tendrá que tildar como mayor culpable al gobierno, a la Asamblea y a los funcionarios del régimen de Bukele, al verse perjudicado por la falta del apoyo que tenían de las organizaciones civiles”.
