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César Ramírez
@caralvasalvador
El silencio o restricción al acceso a la información de familiares o los medios de comunicación en severos acontecimientos mortales de ciudadano bajo custodia del Estado son motivos de preocupación nacional e internacional, esta circunstancia se convierte no en la excepción de un evento, sino en la norma que permanece hasta este año.
Algunos casos de ausencia de información
Un ingeniero falleció en un Centro de Contención, la familia asegura que el profesional ingresó con buena saluda al país, desafortunadamente adquirió el COVID 19, pero no tuvo acceso a los medicamentos (04ABR020 LPG,EDH).
En caso relacionado la Asamblea Legislativa investiga la presunta negligencia en muerte en Asilo Sara (26ENE021) no existió un informe en relación al caso, al menos no hemos obtenido acceso; mientras un dato significativo el Movimiento de Salud Salvador Allende (ALAMES) denunció el ocultamiento de la muerte de 91 médicos por COVID-19 (15MAR021), además los profesionales de salud han expresado su preocupación por el subregistro por muertes y contagios del COVID-19 (21SEP021 EDH) y en ese mismo tenor un estudio de Alemania incluyó a El Salvador entre 18 países que manipularon número de casos y muertes por COVID 19 (02MAR022).
Bajo Régimen de Excepción
Desde el 27 de marzo de 2022 hay cuatro derechos fundamentales suspendidos: Extensión de plazo máximo de detención administrativa, defensa ante detención, inviolabilidad de correspondencia, libertad de reunión y asociación, el próximo mes de marzo 2024 se cumplirán dos años de ese evento irregular, la suma de los capturados hasta diciembre de 2023 es 75,163; pero faltan entre 18,000 y 20,000 más, afirmó el ministro de seguridad Gustavo Villatoro (04ENE024 EDH)
A partir de marzo de 2022, las detenciones y las denuncias de muertes en prisión aumentan cada día, al primer año del Régimen de Excepción daba el siguiente resultado: 66,292 capturados, 3,313 personas encarceladas sin pruebas, 73 muerte bajo custodia del Estado (27MAR023 EDH).
Hacia el 26 de enero de 2024 Integrantes del Movimiento de Víctimas del régimen de excepción entregaron una carta a la Asamblea Legislativa con propuesta para los detenidos inocentes que sufren enfermedades terminales y crónicas dentro de los penales, mientras Ingrid Escobar directora de Socorro Jurídico Humanitario en entrevista a EFE informó que hasta el 2 de enero de 2024 hay un registro de 218 muertes de personas que se encontraban en custodia del Estado.
El 9 de febrero 2024 se informó la muerte de Alejandro Muyshondt que murió en Hospital bajo régimen (09FEB024 EDH) este evento es similar a los indicados, la información de su historia clínica, las intervenciones quirúrgicas, su tratamiento no ha sido revelado, mientras su abogada denuncia persecución, acoso y amenazas de muerte por ejercer su oficio de abogada de la familia Muyshondt.
Recientemente el 27 de febrero de 2024 Socorro Jurídico Humanitario denuncia ante la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH) por supuestas irregularidades en la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla que falleció el 3 de septiembre de 2022 bajo custodia el Estado (27FEB024 EDH).
El conjunto de estos casos demuestra la exposición mortal de cualquier ciudadano bajo custodia del Estado, tiene implicaciones graves que no imaginamos nunca en tiempos posteriores a los Acuerdos de Paz, estas acciones fueron frecuentes en la época del autoritarismo o la guerra civil, pero ahora es necesario realizar un llamado a la libertad de los inocentes en prisión.
¡Hacemos una petición para salvarles la vida!.
