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Los congresistas colombianos pertenecientes a la oposición solicitaron el martes al Gobierno de Iván Duque que garantice el mínimo de condiciones de vida para las personas a propósito de la emergencia sanitaria que vive el país provocada por el coronavirus.
«Con ella buscamos un alivio para millones de familias y personas vulnerables que se encuentran pasando hambre y necesidades», asegura la petición al Ejecutivo que pretende visibilizar a los diferentes grupos sociales más vulnerables de Colombia como las madres cabezas de hogar, trabajadores informales víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como personas reincorporadas y reinsertadas.
El proyecto prevé que el ingreso vital, denominado «mínimo para la vida», sea reconocido y efectuado por el Estado con carácter mensual mientras se mantenga la contingencia epidemiológica y extenderlo hasta tres meses después de que esta termine.
El «mínimo para la vida» parte de un salario mínimo mensual legal vigente ascendente a 877.212 pesos colombianos (220 dólares), al que se le adicionará un incremento marginal de acuerdo a la cantidad de personas que conformen el domicilio y teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad, enfoque étnico y de género.
Los legisladores señalan que «la base inicial con la cual se puede financiar este mínimo para la vida proviene de la unificación de todos los programas asistenciales» como adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción, ingreso solidario y el programa de devolución del impuesto al valor agregado (IVA), creado por la reforma tributaria que, según las bancadas, han presentado problemas de fragmentación, ineficiencia y corrupción.
Asimismo, los partidarios políticos de la propuesta aseguran que la misma es viable «a través de diferentes fuentes de financiamiento como refinanciación de la deuda pública colombiana, una operación de financiamiento a favor del Estado, medidas monetarias a través del Banco de la República con los recursos de reservas internacionales o compra de bonos del tesoro».
El documento firmado por el Partido Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), afirman que el país cuenta con los recursos necesarios para dar luz verde a la propuesta, la que solo necesita amplia voluntad política por parte del Gobierno, el que debe priorizar, por encima de los bancos y sectores privados, la vida de las personas.
