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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alrededor de 50 organizaciones, redes, mesas, foros y espacios del movimiento social salvadoreño rechazaron la persecución judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
Morena Murillo, de APROCSAL, afirmó “a un año después de las detenciones arbitrarias, está demostrado que no se trata de un caso genuino de búsqueda de la verdad y justicia, sino de una manipulación del sistema judicial para perseguir a estos defensores ambientales por su oposición a proyectos mineros”.
La madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado policías y militares rodearon la Comunidad Santa Marta, en el municipio de San Isidro, Cabañas, en el Oriente del país, con el fin de capturar a los dirigentes comunitarios Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes de la comunidad y directivos ADES-Santa Marta.
El conglomerado de organizaciones reiteró el llamado al gobierno central, que mantendrán su negativa a los intentos de anular la Ley de Prohibición contra la Minería Metálica, por su inviabilidad y por el alto nivel de contaminación de bienes naturales del país que esa industria provoca.
