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Oscar López
@Oscar_DCL
Líderes de comunidades de distintos puntos del municipio de San Salvador pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que ejecute los procesos necesarios para la extinción y cierre de la empresa TESCO S.A de C.V, por cometer irregularidades en la construcción de varias antenas repetidoras de telefonía.
Según los habitantes de las comunidades afectadas, la empresa antes mencionada colocó antenas repetidoras en el Barrio San Esteban y las colonias Santa Clara y Costa Rica, del municipio de San Salvador, sin contar con los permisos necesarios y, por ende, incumpliendo normativas que indican que este tipo de infraestructura deben estar lejos de zonas residenciales.
Carlos Flores, representante del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS), y representantes de las comunidades afectadas presentaron un aviso de investigación ante la FGR contra la empresa por dedicarse a “actos ilícitos”.
“La empresa fue creada en el 2010 únicamente para instalar ilegalmente antenas en las comunidades, es el único trabajo que tiene. La empresa TESCO funciona como una especie de matones a sueldo, su modos operandi es hacer el contrato con la empresa de telefonía, ubicar el punto, compran o alquilan el terreno; irrumpen como si fueran ladrones en la noche o simulando cualquier otra actividad y de repente está instalada la antena, sin permiso”, aseguró Flores.
El representante de ECOS explicó que en la mayoría de los casos los residentes de las comunidades afectadas externan el rechazo a la antena hasta que ya está instalada, esto debido a que la empresa no hace consultas previas con los habitantes. “Cuando la gente se da cuenta, se opone; porque también se enteran de que no tiene permiso, la municipalidad intenta actuar pero la empresa busca un acuerdo y ya tienen presupuestado los fondos suficientes para pagar la multa; después de la multa, la alcaldía se queda tranquila y forzosamente las comunidades quedan con la antena instalada”, indicó Flores.
Carmen Quintanilla, representante de las comunidades del Barrio San Esteban, afirmó que fueron a la alcaldía de San Salvador, a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a pedir que intervengan y, así, evitar la instalación y funcionamiento de las antenas.
Quintanilla aseguró que las comunidades se oponen a la instalación de antenas repetidoras debido a que emiten un tipo de radiación que es perjudicial a la salud, ya que para las personas que residen cerca de las mismas se incrementa el riesgo de padecer diversos tipos cáncer u otras enfermedades graves.
