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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Herández”, junto a familiares y miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), denunció una serie de hechos y acciones de “personas oportunistas que se están aprovechando del sufrimiento de las víctimas que son liberadas”.
En el marco del año y dos meses de haber decretado el Régimen de Excepción (27 de marzo de 2022), por la Asamblea Legislativa, las organizaciones Tutela Legal “Dra.MJH”, MOVIR y familiares de las víctimas, se pronunciaron ante la revictimización que están realizando “personas inescrupolosas” con las víctimas que salen de los diversos centros penales.
“Tutela Legal y MOVIR hemos presentado varios recursos de Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recursos presentados en más de un año, y podemos decir que han sido ineficientes e inefectivos, por la misma actuación del Sistema Judicial”, indicó.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ ha emitido resoluciones con tecnicismos absurdos, y sus resoluciones son calcadas, en donde repiten los mismos argumentos para todos los casos que hemos presentado, aseguró Díaz.
Asimismo, señaló que todas estas violaciones de procesos y capturas arbitrarias han llevado “a la muerte de muchas personas”, indicó Díaz, al compartir que tienen un cálculo por informes de afectados de alrededor de 170 personas asesinadas en las cárceles, así como el cometimiento de violaciones de derechos humanos a las familias de los reos, ya sea fuera o dentro de los centros penales.
“Las personas liberadas se ejecuta en horas de entrada la noche o madrugada, especialmente a mujeres que están dentro de los centros penales, sin familiares que las esperen. Y estas violaciones a su seguridad están generando amenazas, privaciones de libertad, posibles desapariciones de personas y extorsiones de algunos grupos”, denunció.
“Creemos que informar a los familiares sobre estas personas inocentes que están saliendo de los centros penitenciarios debería ser la labor principal de la Dirección General de Centros Penales, la Policía Nacional Civil y otras entidades relacionadas a la seguridad pública. Es lamentable que no estén garantizando la integridad física y vida de estas víctimas”, expresó Díaz.
El abogado explicó que la liberación de las personas en la noche o madrugada, obedecía a una “estrategia para ocultar lo que el mismo gobierno ha señalado como daños colaterales”, que eleva la vulnerabilidad de la víctima y su familia. Por la total indefensión ante la falta de justicia. Y de la actuación de esas personas “oportunistas” que han tratado de suplantar en ocasiones a organizaciones sociales para manipular a las víctimas e ignoran si el Estado tiene conocimiento de estas prácticas.
“Lamentamos la actuación de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), que tienen un mandato en la Constitución de la República, en el artículo 197, en donde puede verificar estas actuaciones del Estado y conocer estas violaciones”, señaló.
“Y pese a que la PDDH tiene una Dirección Penitenciaria, un Departamento de Verificación Penitenciaria y Delegaciones Departamentales, no ha tenido ni la voluntad ni la capacidad de verificar estas violaciones que estamos señalando, que se van ampliar más. Y no han mostrado la voluntad de verificar la integridad de las personas liberadas”, alegó Díaz.
A esta denuncia se sumó Alfredo Mejía, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR), quien reiteró el llamado como organizaciones y familiares a que se realice una investigación profunda y transparente sobre estas “graves violaciones a derechos humanos” que están impactando en las personas inocentes detenidas.
“Traemos una denuncias pública de personas que están usurpando la identidad de entidades que no les corresponden . El caso de un grupo de WhatsApp, en la que un señor de nombre Marvin Zelaya, que ha tomado la atribución de hacer cosas graves como afirmar que era representante de Amnistía Internacional para las Américas”, explicó.
“Marvín Zelaya me habló para decirme que tenía la ley en sus manos, y luego, recogimos audios y mensajes en donde él manifiesta que es de Amnistía Internacional para las Américas. Por tal razón es que pedimos una investigación a la entidad internacional misma, sobre esta persona y su identidad, y nos respondieron que no trabaja para ellos”, añadió Mejía.
En una carta enviada por Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en aclaración al Movimiento de Víctimas del Régirmen (MOVIR) niega cualquier vinculación que haya afirmado Marvin Zelaya, con su organización de derechos humanos.
“No está vinculado a nuestra organización ni como miembro del equipo ni como socio u activista. Últimamente, hemos estado investigando algunas alertas sobre el uso indebido de nuestra organización. Lamentamos profundamente que hagan de Amnistía Internacional, un uso inapropiado de su identidad, y aprovechamos para refrendar nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos y justicia en El Salvador”, indica el documento dirigido al MOVIR.
Samuel Ramírez, también de MOVIR), indicó que los centros penitenciarios con estas prácticas de abusos contra las personas liberadas son Apanteos (Santa Ana), en donde están recluidas las mujeres, y el Penalito (San Salvador), lugares en los cuales, afirmó se “aprovechan de esas personas que han sido liberadas del régimen”.
“Hay gente que se adueña de estas personas que salen libres”, agregó Ramírez, al comentar que ya varios medios de comunicación han documentado que este grupo de personas manipulan a los recién liberados, y se interponen para que no les hagan fotos o tomen testimonios sobre su captura e internamiento.
“Cuando estas personas inocentes liberadas ya fueron exhibidos cuando (el presidente) Nayib Bukele los mostró en televisión. Recordemos, los que han salido libres es porque han mostrado su inocencia y no quieren que cubran esto porque el régimen oculta esta acción porque se le está cayendo ese show, porque no todos los capturados son terroristas o pandilleros”, acotó Ramírez.
“Son muchas personas inocentes que cuando salen las toman y les ofrecen transporte, ahora ya están allí los vehículos que los llevan a Morazán a San Miguel, y allá les cobran entre cien o doscientos dólares, cuando sus familiares no tienen esa cantidad. Y, cuando ellos (centros penales) pudieron llamar a sus familiares a tiempo para que ellos pudieran llegar al penal para recoger a su familiar”, sostuvo Ramírez.
Para Samuel Ramírez, una demanda concreta para Osiris Luna, director de Centros Penales, es que “reivindique a las víctimas que fueron capturados siendo inocentes”, primero con el respeto que merecen y también documentando y colocando con anticipación “listas de nombres de los liberados” para que sus familiares lleguen a recogerlos desde un enfoque de respeto a sus derechos humanos.
“Queremos también que sea la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, los intermediarios con las familias, para que nadie haga uso abusivo con las víctimas porque la mayoría de la gente sale descontrolada, con anemia profunda y confundida por la falta de contacto con la realidad afuera. Por eso queremos que los respeten y permitan a las familias a llevárselos de manera digna”, puntualizó Ramírez.
