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Medellín / AFP
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido del acuerdo de paz en Colombia, anunció que 107 excombatientes y familiares abandonarán la zona donde llevaban a cabo su proceso de reincorporación social y económica, obligados por las amenazas y el asesinato de 12 antiguos rebeldes.
«Se tomó la decisión que 62 y 45 familiares, que incluyen menores de edad, se desplazarán del territorio a un lugar donde podamos desarrollar nuestra reincorporación (…) en paz», informó Jesús Arenas, representante del partido en la ciudad de Medellín (noroeste).
La violencia que golpea a los guerrilleros que depusieron las armas, tras firmar la paz en noviembre de 2016, afecta especialmente al llamado Espacio de Reincorporación Territorial (ETCR) de Ituango, en el departamento de Antioquia.
Han sido asesinados 12 exmilitantes de las FARC y otros varios reciben «amenazas precisas» constantemente, dijo Arenas.
En los últimos meses ya habían salido 60 exguerrilleros hacia Medellín, donde según Arenas viven en «condiciones muy precarias», y con el nuevo «desplazamiento» apenas quedarán apenas 20 personas el ETCR de Ituango.
Corredor para el tránsito de cocaína, en esa región confluyen grupos de origen paramilitar y disidencias de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo de paz, que son señalados por autoridades como responsables de los ataques contra los excombatientes.
Los miembros de la disuelta organización que se vieron forzados a dejar su espacio, iniciarán un proceso de reubicación. «Hemos elaborado un plan de trabajo a ejecutar en dos meses con el fin de encontrar nuevas tierras en otros municipios», aseguró el vocero.
«Si en ese tiempo no tenemos un sitio, pues tenemos que traer la gente a algún refugio humanitario, alguna iglesia, alguna escuela porque la vida no da espera en Ituango», agregó Arenas.
El 2019 terminó como el año mas letal contra excombatientes de las FARC. Según la ONU, fueron asesinados 77 de ellos, lo que elevó la cifra a 173 crímenes desde la firma de la paz.
Apoyado por Naciones Unidas, el acuerdo condujo al desarme y desmovilización de 13.000 rebeldes entre combatientes, presos y militantes.
El alto consejero para la paz, Emilio Archila, reaccionó al anuncio del partido de izquierda. «La recomendación del gobierno (…) siempre ha sido que ese espacio no se mantenga ahí por problemas de seguridad», afirmó en un video compartido a la prensa.
De acuerdo con su oficina, 2.946 excombatientes se encuentran en 24 espacios de reintegración en todo el país. El resto lleva a cabo procesos individuales de reincorporación.
