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Alexander Pineda
@Alex92DCL
Como parte de una labor interinstitucional, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), el Banco Central de Reserva (BCR) y las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), coordinarán esfuerzos para determinar el costo económico directo e indirecto que genera la violencia contra las mujeres en la economía nacional.
Para el estudio se tomarán como base los datos del año 2017, y se tendrán en cuenta cuatro tipos de violencia tipificados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la violencia feminicida, física, psicológica y emocional y sexual.
Autoridades de las instituciones ejecutantes prevén que se anuncien resultados en el mes de noviembre de este año.
“Un dólar utilizado en atender la violencia, es uno menos utilizado en inversión productiva, educación e investigación científica, por lo que con este esfuerzo buscamos incidir en la prevención de la violencia y no en la erradicación, este estudio permitirá visibilizar lo que cuesta la violencia hacia la mujer al Estado”, explicó Miriam Bandes, oficial de ONU Mujeres El Salvador.
La directora ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta, destacó la importancia del estudio para dotar a las instituciones gubernamentales de mecanismos que contribuyan al combate la violencia contra el segmento femenino de la población. En los últimos doce meses, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 3 de cada 10 mujeres en el área rural sufrieron algún tipo de violencia, 4 de cada 10 en el área urbana y 1 de cada 10 manifestó haber sufrido algún grado de violencia sexual.
“Cada cuatro años debería hacerse un análisis del costo de la violencia, que permita al Estado salvadoreño reorientar o establecer estrategias efectivas para garantizar los derechos de las mujeres, como instancia rectora, nos comprometemos a buscar todos los mecanismos para erradicar la violencia contra la mujer”, expresó Argueta.
Oscar Cabrera, presidente de BCR, destacó la importancia de la colaboración de las instituciones estatales en este análisis con el fin de determinar con la mayor fidelidad posible los costos en que el país incurre cuando no se previene el flagelo de la violencia, también añadió, que el estudio, tomará en cuenta los costes directos, aquellos destinados a la recuperación de la salud física y psicológica de la mujer y su familia, y los costes indirectos, aquellos que se traducen en un impacto a la productividad y la economía nacional.
