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Ciudad de Guatemala/AFP
La justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de Guatemala la extradición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) bajo cargos de narcotráfico, informó la cancillería guatemalteca.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) señaló en un comunicado que recibió de Estados Unidos «la solicitud formal de extradición de la señora Roxana Baldetti», quien actualmente guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción durante su mandato.
Baldetti, junto con el exministro del Interior Mauricio López, fueron acusados el pasado 24 de febrero por autoridades estadounidenses del delito de narcotráfico.
Según la cancillería guatemalteca, únicamente se recibió el pedido para extraditar a Baldetti, y no a López, que también guarda prisión por corrupción.
Julia Barrera, vocera de la fiscalía, dijo a periodistas que el Minex les trasladó para su trámite la solicitud de extradición de Baldetti por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
De acuerdo con la acusación divulgada en febrero por la embajada norteamericana, ambos «fueron acusados por separado en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (…) por conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína de enero de 2010 a mayo de 2015 con la intención y conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente» a Estados Unidos.
Ambos formaron parte del gobierno del Partido Patriota (PP, derecha), encabezado por el general retirado Otto Pérez (2012-2015), también preso por su vinculación como cabecilla de una red que cobraba sobornos en las aduanas nacionales.
El escándalo se destapó en abril de 2015 y, meses después, Pérez y Baldetti renunciaron a sus cargos en medio de protestas callejeras.
López fue detenido el 11 de junio de 2016 por su participación en un sistema de cooperación que varios de los entonces ministros del gobierno organizaron para comprar suntuosos regalos a Pérez y Baldetti, entre los cuales figuran un helicóptero y un jet.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU que funciona desde 2007, lideran las investigaciones.
Los tres siguen acumulando causas de corrupción pero hasta el momento el juez que ventila los casos no ha abierto juicios públicos debido a la gran cantidad de personas involucradas, como exfuncionarios, banqueros y empresarios.
