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El Comité Ambiental del cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, La Libertad, piden en la Asamblea Legislativa piden al Estado tome acciones por las afectaciones ambientales en el Sitio del Niño. Foto Diario Co Latino/Alfredo Carías

Estado salvadoreño en deuda con pobladores del Sitio del Niño

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Mario Raúl Blanco, expresidente del Comité Ambiental del Cantón del Sitio del Niño, murió de leucemia; tenía 25 microgramos por decilitro de plomo en sangre cuando le hicieron exámenes. Y murió esperando justicia”, manifestó Rufo Alejandro de la Cruz, integrante del comité, durante la entrega de un escrito en la Asamblea Legislativa.

“Ahora, hemos venido a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y queremos que toda la institucionalidad del Estado, funcione y vele por los más necesitados”, agregó de la Cruz. Junto a los abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el Comité Ambiental del Cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, La Libertad, presentaron el documento en demanda que  la Asamblea Legislativa cumpla con la resolución de la Corte Suprema de Justicia del 11 de marzo de 2015, en la que ordena “acciones urgentes y efectivas para restaurar el ecosistema afectado y verificar la calidad de los recursos ambientales en el lugar”.

“Nosotros los pobladores somos los que sufrimos las consecuencias y después de 17 años, no es justo vivir en la misma situación de contaminación”, señaló de la Cruz, al comentar que es una nueva generación de las comunidades del Sitio del Niño, que enfrentan la contaminación por plomo.

Cruz dijo que a solo un kilómetro de distancia de las instalaciones de Baterías Récord de El Salvador, los habitantes de las comunidades se dieron cuenta del voraz incendio del pasado 2 de agosto, por el ardor en los ojos e irritación en la garganta para tragar.

Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. Foto Diario Co Latino/Alfredo Carías

“Eran como las 7:30 de la noche, pero llegó a su mayor impacto a las 8:10 p.m., luego pasamos de inmediato a hablarles a las autoridades que nos ayudaran. Y si, vivimos todos una situación dramática y de incertidumbre, por todo lo que estaba ocurriendo, y entonces nos ha nacido de nuevo la esperanza de que quiten de una vez por todas ese foco de infección de allí, porque no nos libramos de la contaminación, pues o es la lluvia o el viento los que arrastran las partículas, y nos sigue afectando por lo delicado de las cosas que hay allí, porque estamos hablando de 33,000 toneladas de escoria y ceniza de plomo”, sostuvo de la Cruz.

“Es un caso que por años ha continuado en la impunidad jurídica y falta de atención de la comunidad”, opinó Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández,”, quien acompaña desde hace más de veinte años, la causa por la justicia de las comunidades del cantón Sitio del Niño, como parte querellante en un caso que aún permanece en impunidad.

“Aquí, hay muchos problemas desde las medidas de remediación por la contaminación, pero también la salud  de esta población. Han sido varios gobiernos y no se ha atendido en específico a estas personas”, alegó González.

Este caso que inició con las primeras denuncias de las comunidades en 1998, tuvo sus primeros tropiezos ante la Fiscalía General de la República (FGR), que no decidía abrir investigaciones. Y fue hasta el 2007 que abogados de Tutela Legal se presenta como parte querellante y denuncian ante la fiscalía la responsabilidad de la familia Lacayo, en la contaminación por plomo de la población de Sitio del Niño, pero fue hasta el año 2008, que el ente fiscal abre el proceso.

“La fiscalía dejó escapar a los propietarios de la fábrica, que se levantaron con sus bienes, y cuando la fiscalía trató de decomisar bienes materiales para una posible responsabilidad, no encontró mucho en el terreno de la fábrica y unos carros viejos inservibles. Los propietarios se fueron con todo su dinero, todos sus bienes y se fueron del país. Una gran negligencia de la fiscalía, además durante el juicio jamás presentó consistencia en la acusación y lo lamentable es que nunca promovió la extradición de la familia Lacayo y solo procesaron a tres jefes de la planta de la fábrica”, argumentó González.

Sobre el escrito presentado ante la diputada Rina Araujo, de la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, González explicó que si la familia Lacayo no se responsabiliza tendrá que ser el Estado salvadoreño, quien deberá resarcir a las personas afectadas y mejorar el entorno de las comunidades y atención especializada en salud.

“Esta contaminación de años es como un pequeño Chernobyl (Ucrania), lo que existe en Sitio del Niño, el incendio removió más la contaminación del aire con el humo y las cenizas, reactivando los contaminantes como el selenio y el plomo que se convierte en dióxido de carbono, que sigue contaminando a la población y no se han tomado medidas para eso”, reiteró.

Sobre el escrito, la diputada Araujo, del partido FMLN, afirmó que este tema es de país, en la que las autoridades de Medio Ambiente y Salud tiene que ver. La diputada reiteró que existen suficientes herramientas técnicas para realizar medidas de remediación, la primera de una empresa especializada internacional y un plan que dejó la exministra de medio ambiente (Lina Pohl), para la remoción de la escoria de la fábrica.

“Este plan no se pudo realizar en ese momento, porque había que agregarlo a un presupuesto, que eran más de 60 millones de dólares, y eso había que solicitarlo  al siguiente Presupuesto nacional. Más allá, que eso, se hizo solicitudes a varios cooperantes internacionales como Alemania y Japón, quienes justificaron que no podían dar ayuda, porque representaba una secuela de una empresa privada que era la familia Lacayo. Y esta tarde hemos invitado al ministro (Fernando López) para que nos presente ese plan y le vamos a entregar la carta que nos traen ahora las comunidades y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, para dar seguimiento”, manifestó la parlamentaria.

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