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Por Leonel Herrera*
El Estado salvadoreño no sólo hace oídos sordos al clamor de cientos de organizaciones nacionales e internacionales que exigen la libertad de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES detenidos arbitrariamente el 11 de enero, sino que -desde hace dos meses- se niega a acatar el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que también pidió liberar a los defensores ambientales.
“He escrito al gobierno de El Salvador sobre la detención de los cinco defensores de Santa Marta y recibido una respuesta. Sigo preocupada por su detención. Deben ser liberados”, escribió en su cuenta de Twitter la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, el 16 de mayo, luego de recibir las explicaciones del Estado salvadoreño ante la petición de información que hicieron de manera conjunta varias relatorías, comisiones y grupos de trabajo de la ONU.
(https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1658490975009017856)
La respuesta gubernamental que -según la defensa legal de los activistas ambientales- estaba “llena de falsedades” no convenció a las instancias de Naciones Unidas; y por eso éstas reiteraron su preocupación y pidieron la libertad de los detenidos, a través de la Relatora Lawlor.
En lugar de acatar el llamado de la ONU y liberar a los defensores ambientales, las autoridades judiciales y penitenciarias salvadoreñas se endurecieron y adoptaron una actitud aún más hostil para ensañarse contra los líderes comunitarios, sobre todo el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que ha negado dos veces la petición de revisar la detención provisional y otorgar medidas sustitutivas a la prisión.
También la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resuelve un recurso de “Hábeas Corpus” presentado por representantes de ADES y Tutela Legal “María Julia Hernández” con el propósito de revertir la detención de los líderes comunitarios y que el proceso judicial continúe en libertad.
Por su parte la Dirección de Centros Penales impide que familiares y el abogado puedan visitarlos, lo cual vulnera derechos de los detenidos, sobre todo el derecho a la defensa porque -en vísperas de la audiencia preliminar- el abogado ni siquiera ha podido entrevistarlos para preparar la defensa técnica. Aun cuando el caso no tiene ninguna relación con pandillas, las autoridades de Seguridad Pública han aplicado las disposiciones del “régimen de excepción”.
La negativa del Estado salvadoreño de acatar el llamado de la ONU representa un desprecio del actual gobierno a la institucionalidad internacional y sienta un grave precedente, como lo fue también el hecho de haberle mentido a las relatorías especiales sobre la situación de los activistas ambientales injustamente encarcelados.
La desidia y la irresponsabilidad estatal frente al llamado de Naciones Unidas, sin embargo, plantea el desafío de incrementar la presión nacional e internacional hasta lograr la libertad de los defensores del agua, el medioambiente y la vida, vilmente encarcelados por orden de quienes quieren imponer la minería metálica en el país a pesar de estar terminantemente prohibida por ley.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista social.
