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Expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, en la comisión especial que investiga el destino de los fondos otorgados a diferentes oenegés. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Esposa de Gallegos y diputado Carballo también recibieron fondos para sus oenegés

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Tras la extensa jornada en la comisión especial que investiga el destino final de los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales, algunos diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado ante la visita de la ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, quien informó que las decisiones durante su estancia en ese órgano de Estado, fueron de todos los grupos parlamentarios.

Peña informó que el diputado Reynaldo Carballo y la esposa del diputado Guillermo Gallegos también se les entregó fondos estatales para sus oenegés. La llegada de Peña fue muy atípica, puesto que acaparó la atención de casi todos los sectores que relativamente están interesados o están directamente vinculados en la vida política, tal es el caso del jefe de fracción de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, quien afirmó que existen indicios de posibles cometimientos de delitos, por parte de las personas citadas el viernes.

Mendoza comentó que hubo relatos de las exdiputadas Carmen Elena Calderón de Escalón y Lorena Peña en los cuales afirmaron que eran parte de la Comisión de Hacienda y también de las oenegés. Según Mendoza fueron “juez y parte”. “Creo que el mandato de la comisión es investigar qué fin tuvieron los fondos de las oenegés, y allí sí se puede detectar que hubo una malversación de los fondos, porque las personas dijeron que habían sido parte de las fundaciones y también eran parte de la comisión que aprobaba dichos fondos”, expuso.

La expresidenta de la Asamblea Legislativa y expresidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, aceptó que es afiliada a la Asociación Movimiento Mélida Anaya Montes, de la cual fue fundadora hace 29 años. Dicha organización, según la comisión especial, recibió $518,890 de fondos estatales entre 2011 a 2019. Los fondos fueron cuestionados por el diputado Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien dijo incluso que la misma comisión puede llamar a Las Mélidas porque deberían de comprobar en qué se invirtieron los fondos.

“¿Qué hicieron Las Mélidas con esa plata?, ¿qué hicieron con ese dinero?, ¿la Corte (de Cuentas de la República), se los auditó o no?. Bueno, la misma comisión puede llamar a Las Mélidas”, cuestionó Cardoza

Sin embargo, la comisión especial fue duramente criticada no solo por la oposición, sino por cientos de salvadoreños que estuvieron pendientes del desarrollo, puesto que Lorena Peña estuvo más de 12 horas en el recinto legislativo, desde minutos antes de las 2 de la tarde del viernes hasta minutos antes de las 3 de la madrugada del sábado.

La expresidenta Lorena Peña aseguró en una entrevista televisiva que los resultados en los que concluya la comisión especial “no tendrán ningún valor”, ya que los procedimientos, como los interrogatorios son con “abuso de autoridad”.

“Yo he estado revisando que han hecho interrogatorios con abuso de autoridad, con preguntas capciosas, con respuestas preconcebidas y además, en mi caso, varios abogados han escrito que ya casi podríamos decir llegaron al límite de la tortura, porque tener a una persona incomunicada, encerrada, sin comer, sin agua, eso es un abuso”, criticó.

Peña informó que la comisión especial sí es legal, pero el procedimiento que utilizan es “absolutamente ilegal” porque los oficialistas aseguran reiteradamente que se ha robado cuando no tienen en sus manos ninguna auditoría. Añadió que los diputados de Nuevas Ideas se toman atribuciones que según la Constitución corresponden a la Corte de Cuentas de la República (CCR). Para ello, la exlegisladora sacó a relucir el artículo 195 numeral 4, en el cual reza que la CCR es la única que tiene las facultades de “fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención o subsidio del mismo”. Además, citó el artículo 42 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, el cual establece que “las asociaciones y fundaciones que manejen fondos provenientes del Estado también estarán fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República, según su competencia”.

Lorena Peña negó que pudo haber un conflicto de intereses por pertenecer a dicha organización y ser parte de la Comisión de Hacienda, puesto que las decisiones las toman todos en la comisión y luego en el pleno legislativo por los 84 diputados.

Nombres de actuales diputados

Peña, incluso, mencionó a algunos nombres de diputados que pertenecen a esta legislatura y que podrían estar vinculados a organizaciones no gubernamentales que recibieron fondos, como el diputado Reynaldo Carballo, del PDC, quien es fundador del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXTAL). “En la Asamblea Legislativa también recomendamos apoyar a Itexsal”, comentó Lorena Peña.

Ante esto, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dina Argueta, comentó que “lo sano sería que, así como tuvieron a Lorena Peña por más de 7 horas, tuvieran al diputado Reynaldo Carballo, que recibió fondos alrededor de 800 mil dólares que se dicen por ahí.”, comentó Argueta.

Por otra parte, la exdiputada, Lorena Peña ejemplificó: “yo me puedo imaginar que la señora de Gallegos (Guillermo Gallegos de GANA) se robó todo el dinero que le dieron a su ONG, pero es la Corte de Cuentas la que debe demostrar, porque claro, cualquiera puede pensar”, expuso.

A través de una investigación periodística, a Guillermo Gallegos se le señala que su esposa dirigía la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), y recibía fondos del Estado para proyectos que no se saben a ciencia cierta para qué eran.

En dos años, la Asamblea benefició cerca de 550 mil dólares a APDEMES. En 2015, los diputados aprobaron la entrega de $250 mil; en 2016, $300 mil, según señaló una investigación del periódico digital El Faro.

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