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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A nosotros nos preocupa el espacio que se está dando al bitcoin -que es la moda mundial- y no nos preocupe que el año pasado rompimos el récord del incremento de la temperatura en la última década”, señaló Ernesto Beltrán, del colectivo la Mesa de Justicia Climática, en la evaluación de los últimos dos años de gestión del presidente Nayib Bukele.
El colectivo de organizaciones campesinas, comunitarias, asociaciones de mujeres rurales, agrícolas, jóvenes, cooperativistas y población indígena, que integran la Mesa de Justicia Climática, se pronunciaron ante lo que consideran un retroceso del enfoque de derechos humanos y los diversos ámbitos de lucha de la sociedad civil organizada y comunidades.
Sobre el cambio climático y su impacto, Beltrán sostuvo que era impensable que con las experiencias acumuladas sobre el impacto de altas temperaturas y otros fenómenos naturales, la nueva legislatura oficialista del partido Nuevas Ideas mandó al archivo la propuesta de la Ley General de Aguas y Saneamiento, que ha sido demandada por las organizaciones sociales.
“Cómo pueden darle más importancia a una ley (bitcoin) que más parece una moda, que no aporta a la vida -mucho menos- a los sectores vulnerables como campesinos y campesinas; que, como planteamos en nuestro balance, han sido los más impactados por el tema del COVID-19, que por la importación de granos básicos que se hizo el año pasado, no fue competitivo para ellos y, por el contrario, los insumos aumentaron su precio”, explicó.
En el balance de la Mesa de Justicia Climática señala, también, la pérdida de otros anteproyectos que pudieron significar una verdadera transformación y rescate del medioambiente en los territorios con las propuestas de leyes para la Soberanía Alimentaria, la Prohibición de Agrotóxicos, Basura Cero o Gestión de Desechos Sólidos, de Cambio Climático, de Protección Civil, Prevención y Mitigación.
Azucena Ortiz, de la Mesa, enmarcó las evaluaciones en diversas temáticas: la deuda agropecuaria, la crisis del agua, medioambiente, indicadores macroeconómicos y violencia contra las mujeres; de lo cual, manifestó la creciente inquietud por la inseguridad que vive la población en todos los ámbitos.
“Nuestro pronunciamiento es un repudio a la forma de gobernar del presidente en turno (Nayib Bukele) de Nuevas Ideas y sus aliados, ante el engaño, odio, confrontación y quebrantamiento de la democracia en nuestro país. Nuestra preocupación por la forma de gobierno autoritario y antidemocrático que lleva a cabo, principalmente tras el golpe de Estado ocasionado el 1 de mayo con la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del fiscal general de la República”, afirmó.
Como retroceso y depresión calificó Ortiz la situación del sector agropecuario que, según datos registrados, existen 440,000 productores de granos básicos que están en una situación de “pérdidas” debido a una fuerte competencia de importaciones de alimentos que, para el pasado mes de abril, ocupa un crecimiento del 21 %, en combinación con el cierre de programas familiares de agricultura y acuicultura, y desarrollo comunitario y rural.
“Los indicadores macroeconómicos y sociales están en declive, hay un retroceso de 12 años en los niveles de pobreza, pues el año pasado se registró que el 40 % de los hogares son pobres que es una cifra similar a la 2008; y que en año 2018, antes que entrara este gobierno (Nayib Bukele 2019), la tasa de pobreza era del 26 %”, señaló.
Asimismo, sobre la “deuda pública”, Ortiz mencionó que la cifra alcanzó los 23,216 millones de dólares, que es un aumento del 711.20 %, en relación a diciembre de 2019; que implica que en 4 meses la deuda subió 3,408 millones de dólares.
“Aumentó la corrupción del Estado porque mientras la economía se derrumbaba y las condiciones de vida del pueblo se deterioraba el Gobierno manejó 8,064 millones de dólares que provenían sobre todo de tributos y deuda pública, que es una cifra sin precedentes en la historia del país. De los cuales, la Corte de Cuentas de la República cuestiona la cantidad de mil millones de dólares, que carecen de soporte contable y que el gobierno de Bukele se ha negado a rendir informes”, expresó.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, advirtió Guadalupe Esquivel, de la Mesa de Justicia Climática, cuestionó la falta de acción por parte del Gobierno para frenar los feminicidios, muchos de los cuales sucedieron durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19, con un registro de 130 feminicidios para el año 2020.
“Durante este mismo lapso de tiempo, la Fiscalía General de la República reportó 2,858 casos de delitos de libertad sexual, la mayoría de las violaciones fueron contra niñas y adolescentes; así también, 541 desapariciones de mujeres principalmente jóvenes; asimismo, 1,428 casos de denuncias por el delito de violencia intrafamiliar. Y entre los meses de enero al 22 de marzo de 2021, tenemos un reporte de 40 mujeres asesinadas”, reseñó Esquivel.
En cuanto a la Asamblea Legislativa, María Ana Calles consideró que esta legislatura es para el presidente Nayib Bukele, pero no para el pueblo salvadoreño; lo que genera inseguridad social y jurídica de país. Por lo que sugirió mayor fundamentación a la visión de derechos humanos.
“Deben impulsar leyes y políticas necesarias para garantizar la sustentabilidad ambiental del territorio nacional. Hay momentos en el día que la gente se desespera por el aumento del calor y no le están dando repuesta a los impactos del cambio climático, no buscan soluciones. Por eso pedimos ratificar el derecho humano al agua y alimentación, aprobar la Ley General de Aguas y Saneamiento y que permitan la participación ciudadana”, puntualizó.
