Ernesto Sanabria anuncia demanda por difamación y abre debate sobre acoso digital en El Salvador

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

El secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, anunció que interpondrá una demanda penal por difamación, amenazas y acoso digital, que fue retomado por los analistas Marvin Aguilar y Bethy Arana sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de medios y plataformas digitales en El Salvador.

Según expresó el Sanabria, Secretario de Prensa de Casa Presidencial, a través de sus redes sociales, “durante las últimas semanas ha sido víctima de una campaña de hostigamiento que incluye llamadas telefónicas, envío de contenido obsceno, amenazas de muerte y la difusión de imágenes de sus hijas menores de edad”. Sanabria afirmó que no conoce al principal señalado, identificado como Alejandro Baiza, ni quién le habría proporcionado su número personal.

“Por respeto a mis hijos, a mi familia y a mi cargo público, he decidido demandar penalmente a este sujeto”, escribió el secretario Sanabria. Además, advirtió que la acción legal no se limitará al autor original de las publicaciones, sino que también alcanzará a páginas digitales, medios de comunicación y personas que hayan replicado o retomado el contenido.

Para Marvin Aguilar, y Bethy Arana, panelistas de los viernes en Encuento con Julio Villagrán, se trata de una medida necesaria frente al incremento de ataques digitales, y advierten sobre posibles implicaciones para la libertad de prensa y el ejercicio crítico.

Durante el programa de opinión, los analistas señalaron que el caso evidencia un problema creciente: la proliferación de contenidos falsos, manipulados o descontextualizados en redes sociales. También se mencionó la existencia de páginas anónimas que fabrican información, como las “fichas policiales” falsas contra Bethy Arna y Sara Monroe.

En ese contexto, se destacó el papel de la Fiscalía General de la República, que —según los analista— cuenta con herramientas tecnológicas para rastrear a los responsables de este tipo de delitos. Recordaron incluso casos previos en los que se logró identificar y procesar a personas por la difusión de contenido privado o ilegal en internet.

El anuncio de Sanabria también ha sido interpretado como un posible precedente. Aguilar y Arana sostienen que, si la ley se aplica en este caso, debería hacerse de manera equitativa para todos los ciudadanos que han denunciado campañas de difamación o acoso digital, independientemente de su posición política.

“Esto abre la puerta para que cualquiera pueda exigir justicia ante ataques similares”, señalaron  los analistas, quienes también denunciaron que figuras públicas, y generadores de contenido han sido los creadores de campañas de desprestigio, otros desde el anonimato.

Los analistas recordaron que, en ciertos casos, la legislación salvadoreña contempla sanciones no solo para quien crea el material, sino también para quienes lo difunden, especialmente si se trata de contenido que vulnera derechos fundamentales, como la privacidad o la integridad de menores.

El debate también alcanzó el terreno político. Los analistas señalaron que existe una “doble vara” en la reacción ante este tipo de ataques, dependiendo de si la víctima es afín o crítica al gobierno del presidente Nayib Bukele. En ese sentido, insistieron en que la aplicación de la ley debe ser imparcial.

Además, se abordó el fenómeno de la “guerra digital”, caracterizada por campañas coordinadas en redes sociales que buscan desacreditar a opositores, influir en la opinión pública o incluso promover acciones legales contra determinadas personas. Según los analistas, este fenómeno podría intensificarse en contextos preelectorales.

Finalmente, el caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer reglas claras sobre el uso responsable de las plataformas digitales, así como de fortalecer la educación mediática de la población para identificar información falsa o manipulada.

Mientras tanto, se espera que la denuncia anunciada por Sanabria avance en las instancias correspondientes y que las investigaciones permitan esclarecer no solo la autoría de los hechos, sino también si existen redes organizadas detrás de este tipo de ataques.

El desenlace del caso podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se abordan los delitos digitales en el país, en un contexto donde la tecnología ha ampliado tanto las posibilidades de expresión como los riesgos de vulneración de derechos. Arana anunció que en la primera semana de marzo interprondá denuncias contra creadores de contenidos, pro gobierno, por difamadores.