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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social por los derechos humanos
Oscar Arnulfo Romero y Galdámez nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Fue ejecutado extrajudicialmente por un militar en el momento de la Eucaristía, cuando realizaba una misa en la Capilla del Hospital la Divina Providencia, a las 6:30 p.m. del 24 de marzo de 1980. Desde entonces es reconocido como San Romero de América por los pueblos, pero su beatificación se logró hasta mayo de 2015, y su santificación se oficializó el 14 de octubre de 2018 por el papa Francisco.
En época del autoritarismo militar se silenciaba con muerte, desaparición, cárcel o exilio a quienes trabajaban por los derechos humanos, y a quienes tenía ideas u opiniones diferentes a lo establecido oficialmente.
El oficialismo no respetó al arzobispo, asesinándole por decir la verdad, por ser la “Voz de los sin Voz”, por gestionar ante el gobierno de El Salvador y de los Estados Unidos de Norte América que cesara la cruel represión hacia el pueblo. En el contexto de reforma agraria, en su última homilía del 23 de marzo de 1980, expresó: “De nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este pueblo sufrido pueblo […] les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡CESE LA REPRESIÓN!”. Defendía a población empobrecida ante los poderosos y el Gobierno.
San Romero de América pasó por un proceso de sensibilización potenciado por la brutalidad de las fuerzas armadas, la policía nacional y los escuadrones de la muerte, y por el triple asesinato del padre Rutilio Grande y sus dos amigos y acompañantes. Esto último ocurrió tres años antes del martirio de Romero.
De acuerdo con información de la Iglesia católica, las fuerzas represivas estatales y para estatales asesinaron 25 sacerdotes, cientos de católicos laicos y pastores de otras iglesias.
San Romero fue un incansable defensor de los derechos humanos y dijo la verdad hasta su martirio. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) le reconoció, en vida, un doctorado Honoris Causa.
En transición hacia la paz y democracia, la Comisión de la Verdad emitió el informe De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador, publicado el 15 de marzo de 1993, que registra más de 22,000 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos entre 1980 y 1992, cometidas por miembros de las fuerzas armadas o por escuadrones de la muerte y, en menor medida, algunos grupos de la guerrilla.
Cinco días después el expresidente Alfredo Cristiani presentó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993, neutralizando el Informe de la Comisión de la Verdad y negando el acceso a la justicia. La impunidad se fortaleció, sometió y cercenó la libertad de las víctimas de decidir cómo querían perdonar con base a la verdad1. El Informe reconoció la amnistía, excepto para los casos mencionados en el informe de la Comisión2.
El Estado de El Salvador gestionó, ante las Naciones Unidas, conmemorar el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta gestión fue aprobada en diciembre 2010. La Asamblea Legislativa de El Salvador realizó un Reconocimiento póstumo de Hijo Meritísimo de El Salvador al beato monseñor Romero en junio de 2015.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió, hasta julio de 2016, la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, porque violaba las obligaciones internacionales del país de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad. Se planteó que se debe poner en el centro a las víctimas, no al victimario, por lo que necesitan cambiar de mentalidad los jueces y la justicia3.
Actualmente, el Estado salvadoreño sigue en deuda con la protección de quienes defienden nuestros derechos, mientras que altos funcionarios de gobierno difunden mentiras frecuentemente. Adicionalmente, los asesinatos y desapariciones continúan en nuestro país: desde inicio del año hasta el 17 de marzo de 2021, la Fiscalía General de la República reporta que 257 persona han desaparecido, de las cuales 85 son mujeres.
Como sociedad, debemos impulsar y exigir al Estado la garantía de los derechos humanos y de la verdad, en honor a San Romero de América.
