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Melissa Sánchez
Colaboradora/DiarioCoLatino
Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados en una emboscada realizada por parte del Batallón Atonal en el desvío a Santa Rita, del departamento de Chalatenango. El hecho ocurrió el 17 de marzo de 1982.
39 años después, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), junto con la Fundación Comunicándonos, siguen en busca de la justicia, pese a las obstaculizaciones durante tres décadas por parte de las autoridades.
La mañana del 16 de julio presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, una acusación particular por el caso del asesinato de los cuatro periodistas holandeses, en Chalatenango, la mañana de este viernes 16 de julio.
La comisión conformada por Óscar Pérez, director de Fundación Comunicándonos, Roberto Lemus y Pedro Cruz, abogados de ASDEHU, quienes están en representación de los familiares de los periodistas, Gert Kuiper y Saskia ter Laag, presentaron la acusación particular en contra del principal sospechoso de dar la orden del cuádruple crimen.
“Nos encontramos en el juzgado de primera instancia de Dulce de María, este es un municipio muy cercano a Santa Rita, donde precisamente ahí fueron emboscados y asesinados los 4 periodistas, por una patrulla de la fuerza armada, el 17 de marzo de 1982… este crimen tiene 39 años de impunidad”, expresó Pérez.
El abogado Lemus explicó que la acusación particular es en conformidad a los artículos 50-51 del Código Procesal penal de 1973, “nos encontramos aquí porque la Fiscalía reabrió el caso después de tomar como inconstitucional la Ley de Amnistía y se presentó una denuncia formal en 2018, y ellos determinaron que el proceso se diera en este juzgado”.
El 13 de marzo de 2018, las organizaciones arriba mencionadas presentaron ante la FGR una denuncia penal, la cual se fundamentaba en lo mencionado por el Informe de la Comisión de la Verdad, el cual señalaba al autor intelectual del crimen, es decir, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, ex comandante de la 4ta brigada de Infantería, con sede en el Paraíso, Chalatenango.
Sin embargo, la FGR decidió no realizar la investigación de acuerdo con la referida denuncia penal, por lo cual, el caso se ejecutará conforme al código procesal penal de 1974. “La Fiscalía se ha quitado esa responsabilidad y la ha trasladado al Órgano Judicial, nosotros vamos a tramitar las peticiones, a dar las pruebas para que sea el juzgado la que las dirime, manifestó Cruz.
“La acusación se basa en perfilar las pruebas contra lo que se denominan “el aparato organizado de poder”, es decir, se presenta contra quienes dieron la orden y buscando quienes fueron los funcionarios que tuvieron bajo su mando la posibilidad de dar la orden o de haberlo impedido, y que por su jerarquía dentro del mando militar tienen la responsabilidad mayor del crimen”, explicó Cruz.
Asimismo, las organizaciones solicitaron un juicio ágil y transparente, es decir, encontrar la verdad y hacer justicia para los familiares de las víctimas.
Además, pidieron que los funcionarios a cargo del proceso penal puedan hacer su trabajo a pesar de las presiones que enfrentarán por parte de personas e instituciones que quieran obstaculizar el proceso y a su vez pide a dichas entidades no interferir el proceso.
De igual manera, exhortar a las autoridades a que se permita el acceso a los archivos de dependencias estatales en especial los documentos del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Fuerza Armada, por último, esperan el apoyo de los medios de comunicación nacionales e internacionales durante el proceso judicial.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad, un organismo que surge de los Acuerdos de Paz, firmados en el Castillo de Chapultepec, México, en enero de 1992, documentó más de 75 mil asesinatos, desapariciones entre 1980 y 1992. En su informe final denominado “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador” presentado el 15 de marzo de 1993, tuvo como finalidad investigar y esclarecer las más graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil.
De acuerdo con el informe de la verdad (1993) el asesinato fue planeado por parte del Batallón Atonal “fue planificada la emboscada. La misión se encomendó a una patrulla del Batallón Atonal que salió del Cuartel El Paraíso a las cinco de la mañana del 17, para evitar ser detectada, y permaneció todo el día en las colinas esperando la llegada del grupo”.
